Dr. Federico Rauch
El 22 de octubre los fueguinos tenemos una elección
histórica, que en los próximos 4 años se habrá de decidir en
Nación que destino y futuro tendrá la provincia de Tierra del Fuego.
No se trata entonces de una elección legislativa más, sino
de definir quien habrá de llevar, sostener
y defender un proyecto de provincia grande con promoción económica para TODOS
los fueguinos actuales y los futuros que en virtud de esos incentivos vengan a
radicarse o a radicar capital de inversión a la porción de la Isla Grande que
compartimos con los hermanos chilenos.
Actualmente el régimen de promoción fiscal e industrial de
Tierra del Fuego implementado por la ley 19.640, solo se aplica principlamente a
unos pocos sujetos, que importan el 90% del total de los bienes que se consumen
en la Isla, o bien exportan el 100% de los bienes que se producen en ella.
Casi todos ellos, no viven en la provincia, ni se hallan
radicados en ella y representan menos del 1% del total de su población.
Se trata entonces de verdaderos formadores de los precios,
tanto dentro del mercado interno de la provincia, como en el mercado nacional
respecto de los productos que exportan a él.
Esta es la principal razón por la que desde hace años, los
precios de los productos en la provincia son iguales o superiores a los del
resto del país, y asimismo, los precios de la electrónica y otros bienes
manufacturados fabricados en ella, resultan mucho más caros que en el resto de
latinoamerica, pues a pesar de estar exentos, los productores se apropian de la
diferencia y colocan sus productos al mismo nivel de precios que el resto de
los productos en el mercado nacional, o al mismo que les cuesta importarlos
desde el exterior a ese mercado.
En síntesis, prácticamente la totalidad de la promoción
fiscal al consumo de la ley 19.640 se halla en la actualidad apropiada por
estos formadores de precios y por ende no
queda en el mercado interno de la provincia, sino que ingresa y queda en el
mercado nacional del lugar de radicación real de esos importadores o
exportadres.
Solo han subsistido para el resto de los fueguinos las
exenciones fiscales directas, sobre los bienes, actividades y ganancias
existentes y generadas dentro de la provincia, debido a que este tipo de
beneficios al ser directos, no pueden ser apropiados por estos formadores de
precios.
En la actualidad existen un reducido grupo de sociedades
que importan el 90% del total consumido en la provincia y otro reducido grupo
de sociedades que exportan al mercado nacional el 100% de los productos
fabricados con exención fiscal.
El gobierno nacional sabe esto, y lo demuestra al incluir en
el presupuesto nacional del 2018 el anexo V sobre el régimen de promoción
fueguino.
Según sus cálculos, estos grupos económicos que se apropian de
los beneficios fiscales al consumo de la ley 19.640, significarán en el
presupuesto del año 2018 lo que ellos denominan “gasto tributario” o costo fiscal de
la ley, por la suma de VEINTE SIETE MIL CIENTO
SIETE MILLONES DE PESOS ($27.107.000.000), es decir unos MIL QUINIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE DÓLARES ANUALES.
Es decir, que prácticamente la totalidad de ese dinero no
queda en el mercado interno de la provincia -como es la finalidad de la ley
19.640-, sino que es apropiado por estos pocos formadores de precios, lo que
permite entender la enorme diferencia de desarrollo alcanzado en los últimos 20
años entre la provincia promocionada de Tierra del Fuego y su homóloga
brasileña, el Estado de Amazonia, en el marco del Mercosur.
Para resolver esta situación, el gobierno nacional mira la
solución desde un punto de vista estrictamente fiscal, considerando que ese
dinero es un “gasto tributario”, es decir ese es el monto de ingresos que el
fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo diferente al
establecido por la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a
determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.
Considera asimismo que como los fines de la ley 19.640 no
son promoción a ese reducido grupo de formadores de precios, la única solución
desde el punto de vista fiscal es eliminar progresivamente las exenciones, es
decir la promoción que en los hechos solo beneficia a esos sujetos. Parece
justo, pues no se entiende porque el resto del país ha venido promocionando a
un pequeño grupo de personas que ni siquiera viven ni vivirán en la provincia,
desvirtuando de ésta forma la finalidad del régimen.
Sin embargo, esta solución implica derogar o reducir a su
mínima expresión todo el sistema y la vigencia
de la ley 19.640, lo cual significa
eliminar para las víctimas de estos grupos, es decir la población de Tierra del
Fuego, las exenciones fiscales directas sobre los bienes que poseen, sobre las
actividades que realizan y sobre las ganancias que obtienen.
Calculan que el impacto sobre la población podría ser
mitigado mediante un aumento del porcentaje de los ingresos fiscales en
concepto de coparticipación a negociar en la próxima ley, junto con las
reformas tributaria, laboral y electoral (voto electrónico) junto con inversiones
en obras públicas.
Creen que de esa forma, corregirian el asunto ordenando una
provincia cuya economía giraría en definitiva en torno a sus recursos genuínos,
fundamentalmente no renovables, como el gas, el petroleo y la minería,
renovables como la pesca, la lana y la madera, servicios y actividades
turísticas y puerto logístico a la Antártida.
Calculan que habría un estacamiento o incluso reducción del
crecimiento poblacional que se ajustaría al volumen del mercado así planteado,
pero un mercado saneado, que contribuye a las arcas nacionales, con reglas
claras y similares al resto de las provincias.
Esta parece ser la visión del gobierno nacional, que es
compartida o al menos aceptada mediante el silencio o la cooperación de la
clase política actual fueguina, salvo pocas excepciones.
Se trata en síntesis, de un modelo de provincia chica, para
70.000 habitantes.
Nosotros compartimos el diagnóstico, sabemos que desde hace
años, solo unos pocos usufrutuan realmente de la promoción económica de la ley
19.640, mientras que la mayoría de los fueguinos solo disfruta de las
exenciones fiscales directas en sus salarios, bienes y actividades.
Pero no creemos que para eliminar la enfermedad, haya que
matar al paciente.
Nuestra propuesta es simple: Poner en valor nuevamente un
régimen de promoción estable para Tierra del Fuego. Para ello se necesita:
1) Eliminar todas las barreras, trabas y regulaciones que se
han ido estableciendo y que en los hechos impiden o limitan severamente a los
fueguinos a hacer uso efectivo de la promoción fiscal en el consumo, de manera
que tengan las mismas facilidades que estos grupos para importar o para
exportar en la provincia promocionada.
2) Establecer los mecanismos de fiscalización adecuados y
efectivos para impedir la cartelización o apropiación mediante la concertación
de mercados o precios dentro del área aduanera especial, con las sanciones e
incentivos adecuados para prevenir la formación de precios y asegurar la libre
competencia dentro de ese mercado promocionado. De nada sirve promocionar si se
permite la apropiación de unos pocos de esos beneficios.
3) Delegar en órganos autárticos provinciales con
participación social de todos los sectores, la fiscalización del cumplimiento de
régimen, debiendo informar al Congreso Nacional en forma detallada y anual
dicho cumplimiento.
4) Establecer un plazo de vigencia legal igual al del
régimen de promoción brasileño, dando un horizonte de estabilidad fiscal y reglas
de juego claras y sencillas que aseguren estos incentivos para la radicación de
nuevos fueguinos e inversores de capital, a todos por igual, no solo a los
inversores, como es en la actualidad.
Todo esto debe hacer mediante el dictado de una ley de
reforma de la actual 19.640 y junto con la nueva ley de coparticipación federal
de impuestos, manteniendo el actual porcentaje de participación.
El “gasto tributario” real y efectivo de esta propuesta será
lo que actualmente recibe la provincia, es decir unos 18.000 millones de pesos
anuales o 1.000 millones de dólares. Si algún tecnócrata tributarista insista
en computar -erróneamente- el monto de ingresos que el fisco deja de percibir
por las actividades promocionadas, el monto total teórico sería en el 2018 de
2.500 millones de dolares anuales.
Un valor que está muy por debajo de las exenciones fiscales
que se otorgan al resto del país, del orden de 15.679 millones de dólares para
el 2018, según lo estima el proyecto de presupuesto del gobierno.
Tenemos los conocimientos, la experiencia y
conocemos la realidad social de Tierra del Fuego.
Ya hemos redactado el proyecto
de reforma para una nueva ley de promoción para Tierra del Fuego y sabemos como
convencer y defenderlo.
No creemos que haya que matar al paciente al intentar
curarlo.
Si los fueguinos nos acompañan con su voto el 22 de Octubre iremos
al Congreso a defender los intereses de todos los que vivimos en Tierra del
Fuego, con propuestas concretas, lejos de la grieta y los intereses de los
partidos nacionales, que en esta conyuntura nada tienen que ver con el futuro
grande de la provincia.
No para defender a los que quieren la continuidad de una promoción que solo beneficia a pocos, sino para garantizar su cumplimiento para todos los fueguinos y construir una provincia grande como lo han hecho nuestros hermanos brasileños con Amazonia.
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