(c) Dr. Federico Rauch. Permitida su reproducción total o parcial citando la fuente.
Siendo así, resulta relevante saber quien nos prestará los millones de dólares que Bertone solicitará por nuestra cuenta y orden.
La Corporación Andina de Fomento, (en adelante la CAF), tiene un nombre atractivo, con olor estatal y de fomento a las sociedades latinoamericanas pero en realidad se trata de un banco privado con sede en Caracas, Venezuela, que compite con los norteños y tradicionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus accionistas hoy son 17 países de Latino américa y el Caribe y Europa, que incluyen:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Trinidad &Tobago, Uruguay y Venezuela, así como 15 bancos privados
de la región andina. Estos países y bancos están representados en una
Junta Directiva compuesta de 13 miembros que confiere el 75% de la
autoridad para votar a la totalidad de miembros accionistas del banco.
En teoría, las políticas y decisiones sobre préstamos de la CAF están en manos de sus accionistas. En la práctica, la Junta no residente, la cual se reúne trimestralmente, se apega mucho a la orientación del Presidente y de la alta gerencia. Gran parte del poder real está en la oficina del Presidente, a quien en los últimos años se le ha conferido autoridad para autorizar préstamos de menos de $75 millones y un plazo máximo de 12 años, sin previa autorización de la Junta. Es decir que si el préstamo que solicitará el gobierno fueguino no supera esa cantidad, su aprobación expedita será negociada principalmente con su Presidente Ejecutivo Luis Carranza Ugarte y su representate en la Argentina, Andrés Rugeles.
Andrés Rugeles es un colombiano de la línea corporativa del banco y estrecho colaborador de Luis Carranza. Dijo que asumió "con entusiasmo esta alta responsabilidad que me ha
encomendado el Presidente Ejecutivo de CAF, en el convencimiento
que el gobierno de Argentina está impulsando reformas fundamentales
para la prosperidad del país y que desde la Institución que
represento haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarle
en esta histórica tarea".
La estructura de propiedad del capital y control de este banco tiene un fuerte contraste con el Banco Mundial que es dominado por el Norte y en menor medida, el BID en donde los prestatarios tienen que responder a los mandatos, intereses y condicionalidades de los países donantes (países no prestatarios) del Norte.
La mayoría del financiamiento de la CAF viene de mercados internacionales de capital, con una porción más pequeña pero aun importante del capital de la CAF que proporcionan sus miembros accionistas. Emite deuda en los mercados abiertos. Esto significa que los políticos latinoamericanos, gerenciados por los tecnócratas contratados, profesionales de larga experiencia previa en bancos privados, usan la CAF como entidad prestataria intermedia, consiguiendo dinero mediante la emisión de bonos corporativos de deuda que son adquiridos por esos bancos privados y otros inversores internacionales a determinada tasa, para luego prestar ese dinero a países y/o entidades públicas o privadas latinoamericanas a una tasa superior. Al final, el interés pagado por los contribuyentes es la ganancia financiera de ambos.
El negocio va viento en popa, como lo demuestra la calificación que la industria financiera global le asigna a los papeles de deuda de la CAF. De hecho, es actualmente la financiera multilateral más grande en Sudamérica, y en la región andina ha sido responsable de sobre 40% de los recursos totales aprobado por agencias multilaterales en la última década.
Sin embargo, esto tiene dos implicancias
importantes: uno, que la deuda fiscal de la CAF, no como la del Banco
Mundial o BID, no se puede condonar; segundo, que el rol del sector
público es mucho menos en la CAF cual implica menos posibilidad de
utilizar la presión publica para abrir la institución.
Ahora bien, sus políticas mínimas sobre cuestiones sociales, ambientales y de control en el destino del préstamo, así como su política de puertas abiertas para los políticos que piden el préstamo (los prestatarios), le han dado a la institución una dudosa reputación como “carroñero” por tomar proyectos que han sido rechazados por el Banco Mundial o el BID o simplemente los prestatarios consideran que demora demasiado en entregar el dinero. En ese sentido la estructura de propiedad y gestión de la CAF por políticos de Latino América es fundamental para comprender esta facilidad de endeudamiento para con ellos mismos, la flexibilidad y falta de transparencia del banco respecto al financiamiento.
Una consecuencia de esto, son los efectos negativos de los proyectos de la CAF que han esquivado el
escrutinio público, como como Yacyreta, Camisea I, la Carretera Santa Cruz-Puerto Suárez y el
oleoducto Bolivia-Brasil. Cerca de 50% de la cartera de la CAF es dedicada a la infraestructura en
transporte, almacenamiento, electricidad, gas, y agua. La influencia
creciente de la CAF en la región debido a la expansión de su cartera y
su falta de estándares sociales y ambientales ha sido una causa de
preocupación para los bancos multilaterales competidores como el BID y el Banco Mundial. Es que la CAF presta con requisitos y controles menos rigurosos que estos bancos.
La CAF es uno de los bancos menos transparentes en el mundo. Oficiales de la CAF han indicado que la institución tiene una política de divulgación de información pero no puede divulgarla.
Los documentos de los contratos de préstamo no están disponibles al público, y la CAF no responde a pedidos para información sobre ellos.
Debe señalarse que ninguno de los documentos de los proyectos, estudios de factibilidad ni estudios técnicos que fundamentan los préstamos están disponibles al público. Además, La CAF también prepara un Plan Anual y un Plan Quincenal por cada país. El Documento de País (DEP) es el documento clave que enmarcará la relación entre la CAF y el gobierno fueguino. Es exclusivamente un documento interno. En general, la alta gerencia de la CAF no divulga ninguna información acerca de sus negociaciones con los políticos locales. Dado que la mayoría de financiamiento viene de los mercados de capital privados y no de los gobiernos miembros, resulta mas difícil utilizar la palanca de presión publica para acceder a documentación interna.
La proporción relativamente pequeña de personal respecto al volumen de préstamos (un total de sólo 400 personas) refleja la inadecuada capacidad interna de la institución para garantizar la calidad en la preparación, supervisión y evaluación del proyecto para el cual los políticos piden el préstamo.
Por esa razón, el destino del préstamo y la efectividad del desarrollo del proyecto que lo justifica con frecuencia depende de la incertidumbre o de una claramente deficiente capacidad de esos mismos políticos o la falta total de una inversión efectiva y adecuada. Como resultado, los proyectos de la CAF tienden a subestimar los costos del proyecto, en particular el costo del impacto social y ambiental y, a su vez, no alcanza a lograr un impacto óptimo de desarrollo.
La Corporación Andina de Fomento ha sido descrito como una caja negra, y así es. La información no escapa del banco, y los detalles de los préstamos y acuerdos logrados con los países prestatarios nunca están informados al público. Tampoco colabora con la sociedad civil cuando planea financiar proyectos o programas. Es decir que la CAF no tiene el mismo nivel de divulgación de información que el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, los otros bancos multilaterales de desarrollo que operan en la región.
Los Directores Ejecutivos del banco tienen un fuerte enfoque en sus políticos clientes y mantienen excelentes relaciones con los gobiernos, tanto de la izquierda como de la derecha, al ofrecer una fuente alternativa confiable de financiamiento fácil y rápido para proyectos de gran prioridad que de otra manera se toparían con diversos obstáculos en los otros bancos de desarrollo de la región.
En conclusión, nada sabemos de como se están cocinando los términos y condiciones del nuevo endeudamiento que ha anunciado Rosa Bertone hace poco en relación a los servicios de consultoría y financiación relativos a la construcción del puerto de Río Grande.
Y por los antecedentes descriptos, resulta claro que hay interés en colocar más deuda a pagar por los fueguinos, mediante un trámite expedito simple, sin demasiadas preguntas ni exigencias, y completamente privado sin información alguna a la sociedad, al estilo de la banca privada.
En teoría, las políticas y decisiones sobre préstamos de la CAF están en manos de sus accionistas. En la práctica, la Junta no residente, la cual se reúne trimestralmente, se apega mucho a la orientación del Presidente y de la alta gerencia. Gran parte del poder real está en la oficina del Presidente, a quien en los últimos años se le ha conferido autoridad para autorizar préstamos de menos de $75 millones y un plazo máximo de 12 años, sin previa autorización de la Junta. Es decir que si el préstamo que solicitará el gobierno fueguino no supera esa cantidad, su aprobación expedita será negociada principalmente con su Presidente Ejecutivo Luis Carranza Ugarte y su representate en la Argentina, Andrés Rugeles.
La estructura de propiedad del capital y control de este banco tiene un fuerte contraste con el Banco Mundial que es dominado por el Norte y en menor medida, el BID en donde los prestatarios tienen que responder a los mandatos, intereses y condicionalidades de los países donantes (países no prestatarios) del Norte.
La mayoría del financiamiento de la CAF viene de mercados internacionales de capital, con una porción más pequeña pero aun importante del capital de la CAF que proporcionan sus miembros accionistas. Emite deuda en los mercados abiertos. Esto significa que los políticos latinoamericanos, gerenciados por los tecnócratas contratados, profesionales de larga experiencia previa en bancos privados, usan la CAF como entidad prestataria intermedia, consiguiendo dinero mediante la emisión de bonos corporativos de deuda que son adquiridos por esos bancos privados y otros inversores internacionales a determinada tasa, para luego prestar ese dinero a países y/o entidades públicas o privadas latinoamericanas a una tasa superior. Al final, el interés pagado por los contribuyentes es la ganancia financiera de ambos.
El negocio va viento en popa, como lo demuestra la calificación que la industria financiera global le asigna a los papeles de deuda de la CAF. De hecho, es actualmente la financiera multilateral más grande en Sudamérica, y en la región andina ha sido responsable de sobre 40% de los recursos totales aprobado por agencias multilaterales en la última década.
En síntesis: la CAF es un banco que se fondea con dinero de los contribuyentes latinoamericanos, aportado por políticos latinoamericanos en sociedad con los grandes inversores internacionales, es decir los bancos globales. Puede decirse que al menos parcialmente, se trata de auto préstamos, ya que el dinero de los contribuyentes es prestado a éstos por el CAF mediante una intermediación financiera a largo plazo con el pago de suculentos intereses que constituyen la ganancia del banco y su gerencia corporativa.
La CAF es uno de los bancos menos transparentes en el mundo. Oficiales de la CAF han indicado que la institución tiene una política de divulgación de información pero no puede divulgarla.
Los documentos de los contratos de préstamo no están disponibles al público, y la CAF no responde a pedidos para información sobre ellos.
Debe señalarse que ninguno de los documentos de los proyectos, estudios de factibilidad ni estudios técnicos que fundamentan los préstamos están disponibles al público. Además, La CAF también prepara un Plan Anual y un Plan Quincenal por cada país. El Documento de País (DEP) es el documento clave que enmarcará la relación entre la CAF y el gobierno fueguino. Es exclusivamente un documento interno. En general, la alta gerencia de la CAF no divulga ninguna información acerca de sus negociaciones con los políticos locales. Dado que la mayoría de financiamiento viene de los mercados de capital privados y no de los gobiernos miembros, resulta mas difícil utilizar la palanca de presión publica para acceder a documentación interna.
La proporción relativamente pequeña de personal respecto al volumen de préstamos (un total de sólo 400 personas) refleja la inadecuada capacidad interna de la institución para garantizar la calidad en la preparación, supervisión y evaluación del proyecto para el cual los políticos piden el préstamo.
Por esa razón, el destino del préstamo y la efectividad del desarrollo del proyecto que lo justifica con frecuencia depende de la incertidumbre o de una claramente deficiente capacidad de esos mismos políticos o la falta total de una inversión efectiva y adecuada. Como resultado, los proyectos de la CAF tienden a subestimar los costos del proyecto, en particular el costo del impacto social y ambiental y, a su vez, no alcanza a lograr un impacto óptimo de desarrollo.
La Corporación Andina de Fomento ha sido descrito como una caja negra, y así es. La información no escapa del banco, y los detalles de los préstamos y acuerdos logrados con los países prestatarios nunca están informados al público. Tampoco colabora con la sociedad civil cuando planea financiar proyectos o programas. Es decir que la CAF no tiene el mismo nivel de divulgación de información que el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, los otros bancos multilaterales de desarrollo que operan en la región.
Los Directores Ejecutivos del banco tienen un fuerte enfoque en sus políticos clientes y mantienen excelentes relaciones con los gobiernos, tanto de la izquierda como de la derecha, al ofrecer una fuente alternativa confiable de financiamiento fácil y rápido para proyectos de gran prioridad que de otra manera se toparían con diversos obstáculos en los otros bancos de desarrollo de la región.
En suma, la CAF otorga ofertas de préstamos relativamente fáciles pero con altos intereses que pagan los contribuyentes, no los políticos que los piden mediante un proceso simplificado de autorización de proyectos y la disposición de financiar proyectos que hayan sido rechazados por otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). Con un proceso de autorización de tan sólo tres meses la CAF se ha ganado la dudosa distinción de “Mastercard” de la región (un juego de palabras del slogan “para todo lo demás, existe MasterCAF”).Por ello, la única forma de conocer los términos del endeudamiento que propone el gobierno de Bertone a los fueguinos con la CAF solo podrá provenir del estricto cumplimiento por parte de ella y sus legisladores del art. 8 de la constitución provincial, que dispone que
Para los fueguinos su cumplimiento será importante, pues la flexibilidad de la CAF para financiar puede conllevar un alto precio social, ambiental y económico. El volumen de préstamos sólo ha sido posible gracias a un marco de medidas preventivas ambientales y sociales extraordinariamente débil que es significativamente más débil que el BM y el BID (lo que ya es mucho decir) y queda muy lejos de los estándares que exigen los bancos privados que operan en la región y que son signatarios de los Principios de Ecuador. Se ha puesto énfasis en una rápida autorización aunada a políticas débiles. El ciclo de los proyectos de la CAF también presenta un impedimento importante para la participación efectiva de la sociedad civil. Y lo más importante, la falta de transparencia y de divulgación de información a lo largo del ciclo de los proyectos dificulta mucho que la sociedad civil participe en el proceso."Todos los actos de Gobierno deben ser publicados en la forma que la ley determine, garantizando su plena difusión, especialmente aquéllos relacionados con la percepción e inversión de los fondos públicos y toda enajenación o afectación de bienes pertenecientes al Estado Provincial o a las Municipalidades. La violación de esta norma provocará la nulidad absoluta del acto administrativo no publicitado, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales de las personas intervinientes en él."
En conclusión, nada sabemos de como se están cocinando los términos y condiciones del nuevo endeudamiento que ha anunciado Rosa Bertone hace poco en relación a los servicios de consultoría y financiación relativos a la construcción del puerto de Río Grande.
Y por los antecedentes descriptos, resulta claro que hay interés en colocar más deuda a pagar por los fueguinos, mediante un trámite expedito simple, sin demasiadas preguntas ni exigencias, y completamente privado sin información alguna a la sociedad, al estilo de la banca privada.
A más de un año y medio de gestión, el gobierno fueguino sigue sin tener un plan económico y todo parece reducirse a financiar el gasto público con el mayor endeudamiento de la historia de la provincia, elevar la presión tributaria, hacer obra pública con fondos nacionales, mientras se protege detrás de las grandes provincias de la arremetida de Vidal y Macri por la distribución de los fondos fiscales nacionales y sostener una coparticipación de los mismos a cambio de entregar el único y parcialmente fracasado régimen de promoción fiscal e industrial de la Argentina, que a pesar de todo, ha modelado y definido el esquema económico de progreso e inmigración de argentinos a la provincia más joven, austral y aislada de latino américa.
