Por el Dr. Federico Rauch
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o parcial citando la fuente.
El Pueblo de Tierra del Fuego
declara en nuestra Constitución en su primer artículo que la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, organiza su Gobierno bajo la forma
republicana y representativa.
Republicana significa que el poder
se reparte o divide en tres partes, (legislativo, ejecutivo, y judicial) y que
ninguno de éstos puede arrogarse la competencia o el uso de las facultades
otorgadas a los otros.
La Constitución también establece
que es atribución exclusiva y excluyente del Poder Judicial disponer cualquier
medida que restrinja alguno de los derechos garantizados por la Constitución en
favor de las personas, entre ellos el derecho a la libertad, a reunirse y a
manifestarse o expresarse.
Entre las 2 y las 3 horas de la
madrugada del 31 de Mayo de 2016, unos 150 efectivos fuertemente pertrechados
de la policía provincial irrumpieron en las carpas de la protesta instaladas
enfrente del edificio central del Poder Ejecutivo sobre la Avenida San Martín y
procedieron con el uso de la fuerza a desarmar dichas construcciones y expulsar
las personas que allí se encontraban reunidas.
Como consecuencia de ello,
resultaron lesionadas varios manifestantes y policías.
Según las declaraciones públicas del
ministro Díaz, que es abogado, la orden de “desalojar” la Av. San Martín provino
de Bertone y él mismo. Afirmó que era un
“corte de una arteria” que afectaba a los comerciantes de esa cuadra y a el
turismo y los ciudadanos de Ushuaia. Y que “la orden de desalojo provino
del Poder Ejecutivo “en razón de la utilización de la fuerza pública” aclarando
expresamente que a su criterio “no se requiere una orden judicial y mucho menos
de allanamiento”. (http://goo.gl/ee7a7s)
Veamos cuales son las normas legales
vigentes al momento de los hechos.
El Poder Ejecutivo de la Provincia
de Tierra del Fuego A.I.A.S carece absolutamente de la facultad de ordenar a la
Policía de la Provincia o cualquier otro cuerpo armado o fuerza de seguridad el
desalojo de una manifestación o grupo de personas reunidas para protestar en una
calle o lugar público, salvo que las mismas estuvieren cometiendo actos o
hechos típicamente reprimidos por el Código Penal Argentino, y con el sólo fin
de hacer cesar los mismos.
En tal supuesto, el Poder Ejecutivo,
a través de la policía actuante, deberá detener a los autores, cómplices y
copartícipes de tales hechos delictivos, asegurar los elementos de prueba y el
lugar de los hechos y ponerlos de inmediato a disposición del Juez de
Instrucción de turno, informando las razones y fundamentos por los cuales
dispuso el uso de la fuerza pública y los delitos que les imputa a dichas
personas. Deberá asimismo denunciar estos hechos al Fiscal de turno para que
éste decida si estos hechos constituyen probable delito y en consecuencia
impulsar la acción penal pública formulando el requerimiento respectivo al juez
competente.
El Juez deberá citar y escuchar a
las personas detenidas dentro de los plazos legales establecidos y resolver
acerca de su libertad y sometimiento al proceso penal.
Por otra parte, las personas
afectadas por la manifestación o protesta en la Av. San Martin, también se encuentran legitimadas para
formular la denuncia de los hechos que consideren delictivos y los perjudiquen,
tanto de carácter penal como civil, al juez competente, y solicitar se
ordene el cese de tales conductas que los perjudican.
Sin embargo nada de esto ha
ocurrido. Ni los comerciantes ni el Gobierno afectados formularon ninguna
denuncia ante la Justicia en tal sentido, ni mucho menos solicitaron medidas
para hacer cesar tales perjuicios.
Por el contrario, de ser ciertas las
tempranas declaraciones del abogado y ministro coordinador Gastón Díaz, éste habría
ordenado a la Policía proceder a hacer uso de la fuerza pública para: 1)
desarmar las construcciones o carpas precarias instaladas sobre la Av. San
Martín frente a la casa de gobierno donde se desempeña. 2) expulsar de dicha
calle a quienes se encontraban reunidos dentro de esas carpas, protestando
contra las medidas adoptadas por el señor Díaz, su jefa la Gobernadora Bertone y los
legisladores que no deliberan ni legislan desde Enero de este año.
Más aún, el Abogado Díaz expresa y
públicamente afirmó que “no se requiere una orden judicial y mucho menos de
allanamiento”, a sabiendas de que esta protesta viene desarrollándose sin
solución de continuidad en esas mismas condiciones desde hace 90 días.
Es
decir, no aparece (ni se alegó) ningún hecho delictivo y flagrante. Por el
contrario, Díaz afirmó que “resultaba innecesario y contradictorio tener que
soportar, desde la ciudadanía y desde el Gobierno, una medida tan extrema como
el corte de una arteria con todas las consecuencias que eso trajo no sólo para
los comerciantes de esa cuadra sino también para el turismo para el ciudadano
de Ushuaia. Me parece que ya no daba para más esa situación y había que
interrumpirla”.
En síntesis, en sus propias palabras,
los derechos constitucionales de reunirse, reclamar, protestar o simplemente
expresarse en un lugar público, son una medida a su criterio “extremos,
innecesarios y contradictorios”, y causan perjuicios a su gobierno, a los
comerciantes de esa cuadra y al turismo que transita por allí, por lo que a
pesar que ningún comerciante, ni turista ni mucho menos él mismo como representante
del gobierno hizo denuncia penal o civil alguna ante el Poder Judicial para que
éste pudiera resolver, le pareció que “ya no daba para más esa situación y
había que interrumpirla”. Así de simple.
El uso de la fuerza para disolver
una reunión en un espacio público y expulsar de la vía pública a sus
integrantes sólo puede ser admitido constitucional y legalmente mediante un orden
fundada y razonada, emanada ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE de una autoridad judicial
competente, salvo caso de flagrancia delictiva.
Si hay una denuncia, el fiscal deberá decidir si los hechos constituyen prima facie delito e impulsar la acción penal. El Juez deberá decidir fundadamente si ordena lo que se le pide, y en su caso intimar previamente a los manifestantes a cumplir con los términos de la orden judicial.
Esa orden jamás existió. Simplemente 150 policias irrumpieron en la noche, y sin previo aviso y por la fuerza expulsaron a los reunidos en protesta y desarmaron sus instalaciones en la vía pública.
Como consecuencia de esta decisión
absolutamente ilegal que habría sido adoptada por el Dr. Díaz, varias personas, entre
protestantes y policías resultados con lesiones de diversa gravedad.
Desde el punto estrictamente penal,
formulada que sea la denuncia por los afectados, o de oficio por el Fiscal de turno, el Poder Judicial de la
Provincia deberá formar proceso a fin de investigar si el Ministro Díaz y su
secretario Murray, al ordenar a la policía disolver la reunión de protesta, el
desarme de sus construcciones y la expulsión de la vía pública de los
manifestantes a las 2 de la madrugada cometieron la acción de “dictar resoluciones
u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”
reprimida con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble
tiempo por el Código Penal Argentino; o bien, si alegaran haber recibido la
orden de su jefa la Gobernadora Bertone, hayan entonces ejecutado “las órdenes
o resoluciones de esta clase existentes”, conducta también atrapada por la
referida norma.
Esta conducta es típica, es decir punible,
cuando los funcionarios en razón de su profesión o conocimiento, no pueden
desconocer las normas legales vigentes, y a sabiendas, resuelven violarlas,
dictando órdenes contrarias a éstas, o cumpliendo las que de ese tipo les
dictaren.
Es claro que tanto Diaz como Bertone son abogados y cualquiera fuere la
conducta delictiva que se les atribuyera a los manifestantes, ésta venía
produciéndose desde hace más de 3 meses sin que nadie,
ningún presunto afectado formulare la denuncia respectiva al juez competente.
Y también resulta claro que en ningún caso el Poder Ejecutivo puede arrogarse o ejercer las funciones del
Poder Judicial (art. 141 de la Constitución provincial), de acuerdo con el
régimen democrático y federal establecido por la Constitución Nacional, que es
su ley suprema, la provincia organiza su Gobierno bajo la forma republicana y
representativa. (art. 1º de la Constitución.)
Por su parte, el Código Procesal
Penal de la Provincia no autoriza a la Policía a cumplir con tales ordenes
(art. 172).
En síntesis, el abogado y ministro
Díaz, a sabiendas, habría dictado en la madrugada del 31 de mayo del 2016 una
orden manifiestamente ilegal, arrogándose facultades judiciales, sin ocurrir
como correspondía, al Fiscal y el Juez de turno a fin de radicar la denuncia
correspondiente y solicitar se ordene disolver la protesta, expulsar a los
reunidos y desarmar las carpas instaladas.
En tales condiciones, y habiendo
lesionados por tales órdenes manifiestamente ilegales, también deberá
investigarse la responsabilidad de las mismas en cabeza de los funcionarios que
así obraron.
Esto es necesario, porque ninguna
norma legal vigente autoriza al Gobierno a disponer por sí mismo el uso de la
fuerza pública para disolver una reunión de protesta en un lugar público, y no existió el
único supuesto de excepción e interpretación restrictiva, la flagrancia en la comisión
de un delito de acción pública (art. 172 CPPP). Es más, ni siquiera se denunció
la existencia de tal delito.
Corresponde ahora a las diversas
instancias del Poder Judicial de la Provincia ejercer su mandato principal en
la Constitución, garantizar el régimen democrático y republicano, asegurando la
efectiva división de poderes, que es en definitiva lo que está en juego aquí.
Y de paso respetar las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina ante el resto de las Naciones en los tratados suscriptos y vigentes.
También corresponde preguntar como sigue el futuro en Tierra del Fuego. Si los jueces aceptan y trasladan a cualquier funcionario político o policial la facultad de disolver cualquier protesta social que les incomode, o aleguen que incomoda a otros, entonces las garantías de libertad de reunión, de expresión y de reclamar a las autoridades desaparecerán como tales en Tierra del Fuego. Es eso lo que queremos?
Y de paso respetar las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina ante el resto de las Naciones en los tratados suscriptos y vigentes.
También corresponde preguntar como sigue el futuro en Tierra del Fuego. Si los jueces aceptan y trasladan a cualquier funcionario político o policial la facultad de disolver cualquier protesta social que les incomode, o aleguen que incomoda a otros, entonces las garantías de libertad de reunión, de expresión y de reclamar a las autoridades desaparecerán como tales en Tierra del Fuego. Es eso lo que queremos?
La paz social en Tierra del Fuego depende
hoy de varios factores, pero uno de ellos es sin duda alguna, que la sociedad
perciba que sus representantes no sacan los pies del plato institucional y
respetan las reglas democráticas y republicanas del ejercicio político del
poder.
Ningún derecho es absoluto, pero
quienes deben juzgar sus límites con independencia y equilibrio en cada caso,
son los jueces, no los ministros ni los policías.
En estos casos, es cuando el Poder
Judicial asume o no la responsabilidad histórica de cumplir con su función y
mandato primordial: Ser el árbitro y garante final frente a la ciudadanía del
sistema democrático. Un sistema que se caracteriza porque los derechos
garantizados son efectivamente respetados por quienes ejercen el poder y no
pisoteados como única forma de gobernar.
