Los críticos del mercado especial de Tierra del Fuego creado por la ley 19.640 tienden a no estar sujetos a los hechos ni a la realidad. De hecho, parecen ser inexpertos y no estar familiarizados con el tema. En sus críticas al supuesto costo fiscal que tendría, los críticos sacan a relucir un escenario hipotético tras otro. Sus hipótesis no tienen conexión con la realidad. A menudo, son tan absurdos que son divertidos.
Por ejemplo, uno de los novedosos argumentos que suelen utilizar los que proponen la derogación de la ley ahora es que si se implementara una necesaria e impostergable reducción de carga fiscal nacional en todo el país mediante una reforma tributaria, ello tendría un efecto similar en Tierra del Fuego a que se mantuviera la ley de promoción reducida en la misma proporción que la reducción fiscal en el resto del país.
Pero omiten
razonar que, si la carga fiscal es igual en Buenos Aires, Córdoba o Mendoza,
las personas, familias y empresas optarán por estar cerca de sus afectos y
familiares, cerca de mercados mucho más grandes y con muchos menos problemas de
transporte y logística.
La única forma
en que los jóvenes fueguinos y las empresas con capital suficiente no trasladen
su riqueza en conocimiento, fuerza laboral y capital de Tierra del Fuego a
otros lugares de la Argentina es manteniendo incentivos suficientes para
emprender dentro de un mercado con un sendero creíble de crecimiento y riqueza.
La única forma
de conseguir que más jóvenes, familias y empresas consideren radicarse en una
porción de una isla compartida con otro país, distante a miles de kilómetros,
con un océano de por medio y sin paso terrestre propio no es destruir el
mercado especial de Tierra del Fuego creado por la ley 19.640, sino ponerlo en
valor para el presente siglo, reemplazando dicha ley por una nueva adaptada a
los tiempos actuales, que elimine todas la regulaciones y restricciones que el
propio Estado Nacional a través de sus agencias, fue imponiendo como capas
geológicas, creando kioscos y barreras destinadas a que tanto en el sub sistema
industrial como en el régimen general de la población solo puedan usufructuar
de sus beneficios una minúscula minoría de importadores de bienes y servicios y
exportadores fabricantes de ciertos bienes electrónicos y textiles.
El resultado es que gran parte de los bienes y servicios que se comercian en el Mercado Especial de Tierra del Fuego, llamado en la ley 19.640 Área Aduanera Especial, resultan en precios relativos iguales o superiores a los del resto del país. En ejemplo paradigmático de esto lo constituye el comercio de vehículos. El histórico juicio que 7.000 fueguinos mantienen con las principales automotrices globales es una prueba de ello.
Es por ello que
-como lo venimos sosteniendo desde hace muchos años- la solución del futuro de
la actual provincia de Tierra del Fuego no está en derogar la ley 19.640, ni
limitarse a reducir la carga fiscal en el resto del país, sino en poner el
valor la idea indiscutible de que la región más fría y austral de Sudamérica en
territorio argentino solo puede desarrollar su enorme potencial con un mercado
que ofrezca incentivos diferenciales que motiven a poblar y desarrollar
proyectos de vida en libertad.
Salvo que se
prefiera reducir el territorio a lo necesario para extraer de él la ENORME
riqueza energética, minera y pesquera para beneficio del resto del país. Para
ello, solo se necesitaría la mano de obra necesaria para dicha extracción, una
provincia de 40.000 habitantes sería más que suficiente.
Como siempre, el
destino y el futuro de los pueblos y las mayorías se juegan en tiempos cortos.
Depende de los fueguinos motivar exigir y designar a políticos que entiendan
que estamos cerca de decisiones que decidirán el futuro de la provincia y la
mayoría de sus habitantes, y que es ahora cuando deben despertarse, escuchar a
los que saben y pelear por un destino donde la Isla Grande Argentina de Tierra
del Fuego no sea un pequeño poblado turístico y extractivo de gas, minerales y
pesca, sino un Estado floreciente como su par Manaos en Brasil, en un mercado
floreciente de emprendedores y libre, con cientos de miles de familias
desarrollando sus proyectos de vida sin regulaciones e imposiciones de
burócratas y peajes para cada actividad.
Es por eso que hemos realizado el gran esfuerzo y dedicado gran cantidad de tiempo para redactar y tener disponible un nuevo marco normativo nacional sólido técnicamente, que sustituya la actual ley 19.640, que desarme las trabas, regulaciones y restricciones mediante las cuales los incentivos fiscales son apropiados por unos pocos y no llegan a las mayorías, y asegure una estabilidad y seguridad jurídica y concreta de las reglas de juego e incentivos al menos hasta el 2065.
Con este instrumento, los fueguinos por medio de quienes asuman el compromiso de representarlos en la mesa nacional, tendrán al menos la posibilidad de exigir ser escuchados y presentar una contra propuesta fundada y razonable a aquellos que por intereses sectoriales o por ignorancia, promueven la derogación de la ley 19.640.
Siempre a disposición de colaborar con todos aquellos que tengan ese objetivo, pues a no dudarlo, la puesta en valor y continuidad del Mercado Especial de Tierra del Fuego o régimen de promoción económica como se lo denominó en la ley 19.640, constituye una cuestión de Estado de la provincia, sino la cuestión de Estado principal.
