Dr. Federico Rauch
La apropiación de los beneficios fiscales en un
sector relevante del mercado especial de la Isla Grande de Tierra del Fuego por
parte de las automotrices es un poderoso indicador de las implicancias que
tiene en orden de magnitudes la enorme apropiación de recursos del Área
Aduanera Especial creada por la ley 19.640 hacia el Territorio Nacional Continental,
respecto de los beneficios fiscales indirectos, es decir aquellos gravámenes
impuestos al consumo.
Si bien este no es el momento para desarrollar
detalladamente los mecanismos financieros, administrativos y legales que
posibilitan esta derogación tácita del régimen respecto del consumo, baste
decir que la economía y el tamaño del mercado de la Provincia de Tierra del
Fuego sería otro, de varias magnitudes mayor, si este proceso no hubiera
ocurrido.
El impacto negativo sobre el gasto de las
familias, el gasto fiscal, los salarios y los precios ha sido descomunal y
proporcional a la apropiación y transferencia de esos recursos fuera de la
provincia.
Se trata lisa y llanamente de una virtual
derogación de las exenciones fiscales al consumo otorgadas por la ley 19.640.
Una manera de medir su impacto es
correlacionarla con los ingresos por coparticipación federal que recibe la
Provincia. La ratio resultante se puede expresar como porcentaje de disminución
efectiva del porcentaje nominal acordado en el marco del actual régimen de
coparticipación federal entre todas las provincias.
El restablecimiento pleno de las exenciones
fiscales nacionales al consumo en el mercado especial de Tierra del Fuego
(AAE), implicaría una profunda transformación del mismo, con un crecimiento
sostenido en cumplimiento de las metas y objetivos todavia lejos de cumplirse
declarados en la ley 19.640.
Sus beneficios serían con mucho, muy superiores
a los que hasta la fecha ha producido el régimen de promoción industrial al
generar empleo inestable.
Hasta que no haya quienes con poder político,
decisión y conocimiento técnico adecuado para implementar las modificaciones
financieras, administrativas y legales necesarias para reestablecer el régimen
de promoción, es decir, para asegurar que las exenciones fiscales al consumo
garantizadas por la ley ingresen al mercado de Tierra del Fuego y queden en él,
seguiremos con el actual sistema, o lo que es lo mismo, con un porcentaje de
coparticipación federal real muy inferior al nominal transferido.
Tiempos de definición se aproximan, como lo vengo advirtiendo desde hace tiempo. Luego de las elecciones de medio término de Octubre, en el Congreso Nacional y en la mesa de negociación entre el Presidente y los Gobernadores, se comenzará a discutir una nueva ley de coparticipación federal de los fondos que recauda la AFIP en todo el país, salvo Tierra del Fuego.
En ese marco nuestros diputados y senadores nacionales con sus votos, pero más aún con sus intervenciones, argumentos y conocimientos de la realidad ecónomica. financiera y técnica del mercado de la provincia, y su consecuente realidad socio económica, serán determinantes, junto con la Gobernadora para definir el futuro de los fueguinos.
Un futuro de crecimiento y estabilidad con la efectiva vigencia y aplicación de la ley 19.640, o un futuro sin ella, pasando a ser inevitablemente otra provincia endeudada e inviable, destinada a despoblarse lenta e inexorablemente.
