EL SUB REGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL.
LO QUE VIENE
LO QUE VIENE
(c) Federico Rauch. Permitida su reproducción total o parcial.
En la última semana el Gobierno nacional ha efectuado dos
declaraciones directamente contradictorias. Primero afirmó que va a reducir la
barrera arancelaria del 35% en algunos productos de la canasta autorizada para
el Club de industriales del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.
Luego de una manifestación pública motorizada por los
gremios en la ciudad de Río Grande, el Diputado Roma y el Secretario de
Industria Etchegoyen, desmintieron tajantemente que el gobierno esté
considerando derogar el sub régimen
industrial de la ley 19640.
Lo interesante aquí, Es que en ningún caso, la autoridad
competente, el Poder Ejecutivo Nacional, ha dictado norma alguna concreta para
reducir la barrera arancelaria o para derogar total o parcialmente el sub
régimen industrial.
Las declaraciones son parte del juego de negociación que
viene llevándose a cabo desde Febrero del corriente año entre el “Club Industrial”,
institucionalmente representado por AFARTE, y el gobierno del PRO, representado
institucionalmente por el Ministerio de Industria, a cargo de Cabrera y los funcionarios Quintana y Lopetegui, entre
otros.
Las declaraciones son contradictorias porque así como no fue
necesario derogar o reducir normativamente el sub régimen de promoción
económica de la ley, para permitir que un “Club de importadores” oligopólico se
apropiara de la totalidad de los beneficios fiscales indirectos de los
consumidores en Tierra del Fuego, sin tocar un coma de la ley 19.640, tampoco resulta
necesario tocarla para eliminar los incentivos de fabricación industrial en el
Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.
En ambos casos, basta con dejar de fiscalizar adecuadamente
o reducir la barrera arancelaria para que la derogación efectiva de la ley sea
un hecho concreto y real.
Eso es lo que viene ocurriendo con el sub régimen de
promoción económica desde el año 2001.
Y es lo que ocurrirá con el sub régimen de promoción
industrial, si el gobierno nacional concreta la reducción de la barrera
arancelaria.
Pero hasta allí llega la similitud. Los efectos económicos,
los ganadores y perdedores, y quienes resultan beneficiados en los 2 casos, son
completamente diferentes.
Para entender esto, es necesario despojarse de anteojeras
ideológicas o preconceptos, y enfocarse en dos cuestiones: 1) precio del
producto y 2) quienes lo comercializan.
Hay que preguntarse: ¿ Quienes fabrican esos productos en
Tierra del Fuego y quienes los importaban o los importarán en el futuro con arancel cero ?.
También hay que preguntarse: ¿Cual es precio del producto
hoy y cual será en el futuro en el mercado nacional?
El club de industriales del Área Aduanera Especial esta
compuesto por un reducido grupo de empresas cuyos accionistas controlantes fueron
en el anterior ciclo, bajo los gobiernos de Menem y De la Rúa, importadores de
las marcas que ahora fabrican bajo franquicia.
El cambio de las reglas de juego, importa ciertas pérdidas
para ellos, pero no altera lo sustancial del negocio, ni su rentabilidad
extraordinaria a futuro.
Pues ésta depende del precio final del producto y en cuanto
participan a lo largo de la cadena de comercialización.
En ambos ciclos, el de aranceles bajos e importación de
productos, o en el de barreras arancelarias altas y fabricación en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego o bajo los otros regímenes de
promoción industrial existentes en el resto del país, los jugadores siempre han sido
pocos.
Es decir, han sido el club de los importadores o el club de
los fabricantes. En ambos casos constituyen un oligopolio, es decir un reducido
grupo de personas que forma el precio
del producto en el mercado.
La decisión del gobierno nacional, si la concreta, simplemente significará para ese reducido grupo de
accionistas, un cambio de camiseta moderadamente costoso.
Al final, el precio de los productos que se dejen de
fabricar, tenderá a ser igual o superior al precio que actualmente pagan todos
los consumidores en la Argentina, pues esos accionistas no tienen ningún
incentivo para resignar el margen de utilidad extraordinario sobre dichos
precios, en la medida de que siguen siendo los titulares de las franquicias de
las marcas, poseen los contactos y los recursos de capital, logísticos y de
personal necesarios para, en conjunto, seguir
formando los precios de la electrónica que dejen de fabricar y pasen a
importar.
La inversión enterrada en bienes de capital en el Área
Aduanera Especial, si bien de cierta importancia, puede ser parcialmente re
exportada a terceros países, y el resto ya se encuentra totalmente amortizada
(reembolsada por las ventas efectuadas).
Como la inversión social nunca fue un requisito exigido por el gobierno nacional para autorizar la radicación industrial de las empresas de éstos accionistas, la transformación en simples importadores de lo que ahora fabrican no será traumática ni imposible.
Como la inversión social nunca fue un requisito exigido por el gobierno nacional para autorizar la radicación industrial de las empresas de éstos accionistas, la transformación en simples importadores de lo que ahora fabrican no será traumática ni imposible.
Pero claro, será desastrosa para la sociedad fueguina. Entre
40.000 y 50.000 personas viven directa o indirectamente de esa actividad
industrial, en una provincia que tiene una población total que no supera los 170.000.
La negociación entre estos accionistas y el gobierno
nacional no esta terminada y de cumplirse la amenaza de éste último, la
reducción real del volumen de fabricación sería menor, si la reducción de
aranceles se limita a notebook y tablets, que en el Área Aduanera Especial constituyen
menos del 20% del total de productos actualmente fabricados y exportados del AAE al
resto del país.
La alegada intención del gobierno nacional de importar
notebooks directamente para el plan educativo público, es decir no comprarles a éstos accionistas lo que
fabricarían en el AAE, tampoco requeriría de ninguna baja general de aranceles
para ese producto. Ello es así porque se trataría de una compra oficial para un
programa nacional de bien público, es decir exenta del pago de derechos de
importación y cualquier otra carga fiscal impuesta por quien importa, es decir
el Estado Nacional.
Es dudoso que los funcionarios del PRO involucrados en estas
negociaciones desconozcan que la destrucción o reducción del sub régimen de
promoción industrial fueguino mediante la reducción o anulación de barreras
arancelarias pueda ser un modo de disciplinamiento en el mercado de este
oligopolio de accionistas, y que por el contrario, esto solo les producirá
daños menores de reacomodamiento, pero no resignar la ganancia extraordinaria
que vienen obteniendo y seguirán obteniendo con las nuevas reglas de juego.
En consecuencia, no es destruyendo la inversión y el sub régimen industrial de la ley 19.640 como habrá de bajarse el exorbitante precio de los productos electrónicos en la Argentina.
Lo único que se destruirá con seguridad, como ya lo hemos visto, es el proyecto de vida de miles de familias en Tierra del Fuego.
En realidad, solo mediante la aplicación efectiva de una ley
de defensa de la competencia, como la que propusiera la Dra. Carrió y la que se encuentra en trámite en el Congreso
Nacional, sería posible crear los incentivos y señales concretos para impedir
que unos pocos accionistas fijen precios sustancialmente más elevados por los
mismos productos. Y como no, también el Estado deberá bajar la presión
fiscal sobre toda la cadena de valor de esos productos para ayudarla a ser
competitiva con países similares.
Por ejemplo, si el gobierno quiere bajar el precio de los productos, puede abrir el ingreso a más jugadores dentro del AAE, autorizando nuevas inversiones y prohibir a los accionistas radicados importar de terceros paises lo que se comprometieron a fabricar en el AAE, a la par de que regula razonablemente la barrera arancelaria para estimular la industria. Ello implicaría una puesta en valor del sub régimen industrial, debidamente normado.
Por ejemplo, si el gobierno quiere bajar el precio de los productos, puede abrir el ingreso a más jugadores dentro del AAE, autorizando nuevas inversiones y prohibir a los accionistas radicados importar de terceros paises lo que se comprometieron a fabricar en el AAE, a la par de que regula razonablemente la barrera arancelaria para estimular la industria. Ello implicaría una puesta en valor del sub régimen industrial, debidamente normado.
En síntesis, estas breves referencias, sirven para explicar
que mucho de lo que se dice parte de falta de información o conocimiento sobre
el actual estado de cosas, cuales son
los verdaderos intereses en juego y quienes serán los ganadores.
Claramente, no seremos los fueguinos, ni el resto de los
consumidores argentinos.