En Abril de 2010, Federico Sciurano, Intendente de la ciudad de Ushuaia, con una población de aproximadamente 65.000 personas y uno de los presupuestos per cápita mas altos de la Argentina, denunció a dos funcionarios municipales de planta superior, el Escribano José Lorenzo y la Abogada Marcela Fontenla, acusándolos de cohecho, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Junto con sus cómplices en la denuncia, la Abogada Bertolín, la Arquitecta Guglielmi y el señor Cano, todos miembros de su equipo de gabinete, los querelló criminalmente ante la justicia fueguina mientras simultánamente los removía de sus cargos sin ninguna contemplación ni sumario interno, es decir sin darles oportunidad de defensa alguna.
Por los medios de difusión públicos, muchos de los cuales reciben dinero de la Intendencia en concepto de publicidad oficial, el señor Sciurano les imputó reiterada y explicitamente a estos funcionarios ser corruptos sin exhibir las pruebas que acreditaban sus imputaciones.
Detrás de estas acusaciones, esta la historia de rencores, enemistades e intereses económicos cruzados entre Sciurano y el empresario Raso, por una parte y los funcionarios de gabinete y los de planta permanente por el otro.
A finales de junio de 2010 y luego de la investigación penal emprendida a pedido de Sciurano, que incluyó el desfile judicial de denunciantes, denunciados y el resto de los involucrados, la remisión de los documentos públicos y las actuaciones municipales y otros numerosos expedientes similares, la opinión pública se enteró de que Sciurano y su gabinete habían venido negociando tierras fiscales, edificios, instalaciones, viviendas y otras mejoras construídas a través de los años por adjudicatarios imputándoles incumplimiento de las condiciones de la venta y con un simple patrón de conducta: 1) Primero le arrebataban la posesión a los compradores de tierras fiscales por la fuerza (con la fuerza pública); 2) Luego negociaban con el desposeído para evitar que llevara el caso a la justicia; y 3) Cerraban un acuerdo con él devolviéndole parte de lo desposeído, sea en tierras o mejoras.
La justicia penal, en este caso a cargo de la Jueza de Instrucción Cristina Barrionuevo, resolvió que las acusaciones de Sciurano y sus cómplices del gabinete fueron falsas e infundadas y nuestros clientes los Dres, Lorenzo y Fontenla completamente inocentes de los cargos acusados.-
Asimismo se ordenó investigar si el cómplice Hugo Cano cometió el delito de falso testimonio en juicio penal, y la acusación -también realizada ante los medios- de Sciurano con relación a que la casa del Esc. Lorenzo habría sido una coima recibida del señor Raso.
Debido a la repercusión pública que este caso ha tenido y el evidente interés público del mismo, publicamos a continuación el texto completo de la resolución judicial que desecha las falsas acusaciones de Sciurano:
