LOS RECURSOS NATURALES DE TIERRA DEL FUEGO A QUIEN PERTENECEN ? LA VERDADERA DISCUSIÓN

Por el Dr. Federico Rauch @DrFRauch

Permitida la reproducción total o parcial indicando la fuente.

Los aumentos inéditos del precio de gas son motivo hoy de una encendida resistencia y discusión en todo el país.

En la provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S., la discusión adquiere el color de la sobrevivencia social y económica.

Todos los sectores, incluso aquellos minoritarios que tratan de justificar el aumento por un supuesto "atraso tarifario", muestran caras de preocupación crecientes, al menos públicamente.

Pero el eje del debate oculta a los verdaderos responsables -como pasa frecuentemente- y por ende impide un correcto encuadre, sin el cual no se encuentra la correcta solución.

En ese sentido en nuestra provincia pasa lo mismo que con la promoción económica de  la ley 19640: Todos claman por defenderla pero nadie hace algo concreto para ponerla en real vigencia y valor.

Que es lo que se oculta en el negocio del gas? 

La discusión pública entre todos los sectores sociales y el gobierno nacional dá por cierto y asume como presupuesto que el gas estaba "regalado" porque su valor al consumidor no se ha modificado en años frente a una inflación de 3 dígitos. El gobierno nacional heredó un déficit fiscal monumental del anterior gobierno y no puede ni quiere seguir pagando una parte sustancial de la factura que le pasan las petroleras, sus transportadoras y distribuidoras.

La solución del ex presidente de Shell y hoy ministro Aranguren es simple: acordar con las petroleras un precio a boca de sus pozos concesionados que resulte aceptable  para ellas y pasar la factura a los consumidores sin escucharlos previamente ni explicarles quienes, con que fundamentos y en función a que tasa de rentabilidad decidieron remunerar a las grandes petroleras en confortables y bien regadas reuniones entre Febrero y Abril de este año.

En este negocio, el precio de las petroleras fija las reglas del juego y alinea a las transportadoras y distribuidoras.

La discusión pública centra sus quejas y propuestas al Gobierno Nacional que se niega a seguir pagando la factura que exigen las petroleras y hace el trabajo sucio por éstas, poniendo la cara desde Enarsa para fijar el precio del gas en el "PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST).

De ésta forma, las soluciones propuestas pasan por aceptar mansamente ese precio como inevitable y solicitar que alguien -el Estado Nacional, el Estado provincial o el Espíritu Santo- ponga un porcentaje importante de la tarifa exigida.

En esta foto, las petroleras que se llevan gran parte de esos ingresos no aparecen, quedan convenientemente ocultas mientras los políticos, sindicalistas, empresarios locales afirman que es una barbaridad, que debería haberse aumentado más "gradualmente" que hay que disponer normas que obliguen al Estado a subsidiar etc.

Hagamos un repaso superficial de como es el verdadero juego del poder en el petróleo y el gas en la Argentina de hoy.

Desde el año 1994, la provincia de Tierra del Fuego es propietaria de todo el petróleo y el gas existente dentro de su territorio y hasta las 12 millas marinas en su costa. Así lo declara el último párrafo del art. 124 de la Constitución Nacional, que dicho sea de paso es consecuencia de un proyecto de mi autoría como asesor, trabajosamente debatido y votado en la Convención Constituyente de 1994.

La Isla de Tierra del Fuego se asienta sobre una cuenca que posee -según estimaciones precisas que solo las petroleras saben a ciencia cierta- la segunda reserva de gas conocida de la Argentina.

En los noventa, Carlos Menem dispuso privatizar la explotación de todos los recursos naturales relevantes de la Argentina (que en aquella época, aún eran explotados como propios por la Nación), incluyendo todo el sector energético, clave para el control y la soberanía de un país. Algo sin precedentes hasta entonces en el mundo.

Para el negocio del gas, disolvió la empresa pública Gas del Estado que operaba el transporte y la distribución en todo el país, mantuvo con las petroleras los contratos de concesión de extracción y venta a boca de los pozos entregados en la época de Martínez de Hoz, entregó a dos jugadores el negocio del transporte por gasoducto partiendo el país en norte y sur, y el negocio de la distribución local hasta el consumidor entre nueve distribuidoras. 

Para eso se firmaron unos contratos de concesión a 35 años donde se acordaron los precios en dólares ajustables por la inflación de EEUU para los costos de mantenimiento, operación, ampliación y construcción de gasoductos y redes de distribución a aportar por las empresas más una razonable ganancia, atendiendo a la "protección de los consumidores".

En el 2002 el país estalló, se dispuso el fin de la convertibilidad dólar -peso de Menen - Cavallo y las empresas gasíferas reclamaron por el incumplimiento de sus contratos tarifarios en dólares. Se creó entonces una unidad de renegociación (UNIREN) llena de funcionarios que debían acordar con las gasíferas los nuevos valores en pesos de las tarifas.

El Congreso Nacional estableció los límites y finalidades para negociar con estas empresas: "deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y en último quinto lugar 5) la rentabilidad de las empresas." (Art. 9 ley 25.561).

Mientras tanto, el órgano de control Enargas, estableció un cuadro tarifario "provisorio" con acuerdos sucesivos con éstas empresas prestadoras del servicio público.

El Congreso también fijó un plazo de 2 años para terminar la renegociación de estas concesiones o rescindirlas. Pero este plazo no se cumplió y entonces se prorrogó sucesivamente por ocho (8) leyes. La última Nº 27.200 con el actual gobierno se fijó hasta el 31/12 /2017.

Macri disolvió la UNIREN y le encargó a Aranguren y su equipo a través de ENARGAS terminar la negociación con las gasíferas de los nuevos contratos de concesión del servicio público de provisión de gas. Es en esos contratos demorados desde hace años donde habrán de fijarse los nuevos precios del gas en la Argentina.

Durante esos 13 años que pasaron, las gasíferas acordaron la tarifa del gas con el Estado y éste fue pagando progresivamente un porcentaje mayor de la misma vía los llamados subsidios.

Asimismo, y con relación al proceso de renegociación se realizaron audiencias públicas, que son ahora esgrimidas por Aranguren como sustitutivas para fijar un nuevo precio del gas de manera provisoria, aunque como se observa, ninguna relación tiene aquellas realizadas hace 12 años con el cuadro tarifario que hoy pone en jaque al país.

Aranguren justifica estos nuevos precios en la necesidad de “brindar a las Licenciatarias recursos adicionales necesarios para preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios.”, lo que no es lo mismo ni parecido a tomar “en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas”, que es el mandato de la ley.

Luego afirma que el Estado no va a continuar pagando una parte de los nuevos precios (quita de asistencia hasta diciembre 2015 del anterior gobierno) y por ende le pasa la pelota a los consumidores, sosteniendo de manera dogmática (es decir sin decir porqué) que “en la actualidad las Licenciatarias no cuentan con tales recursos, necesarios para afrontar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución de gas por redes y mantener la cadena de pagos.”, y aclarando que “la referida adecuación de tarifas constituye una herramienta transitoria hasta la finalización del proceso de Revisión Tarifaria Integral y que será tenida en consideración en dicha instancia”. Es decir, éste no es el último aumento.

Todo esto y más se lee en la resolución Nº 31/16.

En síntesis: El Gobierno Nacional tenía dos caminos: 
1) Exigirles a las gasíferas que muestren sus estructuras de costos, las inversiones efectuadas y la rentabilidad deseada en audiencia pública, dando a los consumidores – votantes – ciudadanos y pagadores del precio a fijar, el derecho a saber y ser escuchados junto con sus organizaciones y sectores sociales, para luego decidir con un mínimo consenso social y político o 
2) Resolver todo en la privacidad de coquetos salones y entre una decena de personas. Ya sabemos cuál eligió.

En el caso de Tierra del Fuego, la situación es realmente grave. Los pozos en producción son hoy de propiedad de la provincia, pero los contratos de concesión son los anteriores firmados con Menem.

La provincia cobra impuestos y regalías por cada BTU de gas inyectado a los gasoductos, por lo que aparentemente y en principio se beneficia de un mayor precio.


El anterior Gobierno haciendo uso de las facultades del art. 32 de la ley 19640, derogó las exenciones fiscales nacionales a los hidrocarburos en el A.A.E. mostrando que si quiere, también puede transferir la fiscalización del régimen a la provincia o derogarlo progresivamente.

Camuzzi Gas del Sur S.A. recibió la concesión junto con la red de distribución existente en propiedad, y nunca invirtió un peso en ampliarla. Todas las nuevas redes o ampliaciones efectuadas desde 1992 a 2016 fueron efectuadas y pagadas por el Estado Nacional, la Provincia o los consumidores y además quedaron de propiedad de Camuzzi.

Tampoco invirtió en el mantenimiento adecuado de las bombas de impulsión del gas en la red, que tienen su ciclo de vida útil cumplido e inyectan aceite y otras impurezas al fluido. Como resultado de ello, el gas vendido no cumple con las condiciones de pureza y poder calórico convenidas contractualmente, lo que origina perjuicios a las instalaciones u equipos de los consumidores (calderas que se tapan o disminuyen su rendimiento, generadores de electricidad cuyos filtros deben cambiarse más frecuentemente etc.)

La red de transporte y distribución en Tierra del Fuego es pequeña. Unos 26 kms de ducto entre pozos y la ciudad de Río Grande, y otro tanto hasta el empalme al gasoducto de Ushuaia. La capacidad de distribución de gas está al límite por falta de ampliación de la red.

Y tal vez lo más importante: Por falta de inversión en la construcción de ductos necesarios, se ventea por exceso de presión centenas de miles de millones de BTU (1millón de BTU= 27 m3). Estamos hablando de los ductos internos en la provincia para llevar más gas a las redes de distribución y poder ampliarlas, dando servicio de gas natural y eliminando el gas envasado. 

Un cambio drástico y el requisito necesario para encarar cualquier crecimiento sostenible en Tierra del Fuego: contar con la energía para concretarlo. La tenemos pero la ventean.

Se llega así al mayor de los latrocinios en este negocio: Se quema gas a la atmófera mientras se pretende cobrar a los fueguinos fortuna por ese fluído.


Las petroleras fueguinas que inyectan el gas para consumo provincial no han mostrado su cuadro de costos y rentabilidad y el precio que imponen a través de Enargas es el resultado de sus acuerdos con Aranguren, a espaldas de los fueguinos, que sólo existimos como pagadores del gas que se extrae de su tierra.

En estas condiciones, resulta claro que están dadas las condiciones para:

1)  Exigir que la provincia, como dueña del recurso e inversora en la red junto con el sector privado, asuma sus atribuciones y sustituya a Enargas en la renegociación del contrato de concesión a Camuzzi Gas del Sur S.A.
Bertone debe hablar con Macri y acordar el traspaso del efectivo y total del contrato de concesión de manera que sea la provincia de Tierra del Fuego la que lleve adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral previsto en el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral celebrado con Camuzzi Gas del Sur S.A, fijando entre tanto el cuadro tarifario transitorio local.

2) La provincia en uso de las atribuciones que tiene en virtud del art. 3 de la ley 26.197  deberá resolver si es posible y conveniente para los intereses de los fueguinos continuar con la concesión a Camuzzi, o por el contrario corresponde rescindir la misma por incumplimiento de los planes de inversión y mantenimiento mínimos conforme a los criterios establecidos en el art. 9 de la ley 25.561 y el pliego de la licitación.


3) Es que como consecuencia del último párrafo del art. 124 de la Constitución reformada en 1994, se dictó la ley 26.197, en virtud de la cual Tierra del Fuego A.I.A.S. asumió en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en su territorio y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que es ribereña, quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares.

 Las regalías hidrocarburíferas correspondientes a los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos en vigor al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se calcularán conforme lo disponen los respectivos títulos (permisos, concesiones o derechos) y se abonarán a las jurisdicciones a las que pertenezcan los yacimientos. 

El ejercicio de las facultades como Autoridad Concedente, por parte de Tierra del Fuego, se desarrollará con arreglo a lo previsto por la Ley Nº 17.319 y su reglamentación y de conformidad a lo previsto en el Acuerdo Federal de los Hidrocarburos. 

A partir de la promulgación de la presente Tierra del Fuego, como Autoridad de Aplicación, ejercerá las funciones de contraparte de los permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos objeto de transferencia, estando facultada, entre otras materias, para: 
(I) ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y fiscalización de los referidos permisos y concesiones, y de cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional; 
(II) exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que fueran de aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información, y pago de cánones y regalías; 
(III) disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y 
(IV) aplicar el régimen sancionatorio previsto en la Ley Nº 17.319 y su reglamentación (sanciones de multa, suspensión en los registros, caducidad y cualquier otra sanción prevista en los pliegos de bases y condiciones o en los contratos).
Las facultades descriptas en el párrafo anterior, no resultan limitativas del resto de las facultades derivadas del poder concedente emergentes de la Ley Nº 17.319 y su reglamentación. (Arts. 2 y 6).-

4)  En consecuencia, la provincia puede y debe ejercer en plenitud sus atribuciones en relación al control y fiscalización de las empresas petroleras que extraen e inyectan gas natural en el PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) proveniente de pozos con destino a abastecer el consumo interno fueguino. Entre ellas debe revindicar el derecho a acordar con la licenciataria el precio de dicho gas para consumo interno, de manera independiente al que fija la Nación dentro de su competencia.

5)  Otro tanto ocurre con el transporte, pues debe transferirse a la provincia todas las concesiones de transporte cuyas trazas comiencen y terminen dentro de la provincia y que no tengan como destino directo la exportación. (art. 3).

En síntesis, hasta diciembre del 2015, la Nación continuó fijando los precios de licenciatarias cuyos contratos fueron transferidos a la provincia por ser recursos locales propios de ésta, pues pagaba parte del precio que acordaba con éstas.

Pero, desde la vigencia de la ley 26.197, la provincia se encuentra en condiciones legales de asumir legalmente la misión y facultades como autoridad de aplicación y fiscalización del servicio público de transporte y distribución de gas natural y envasado en jurisdicción provincial, al igual que el resto de las provincias productoras de hidrocarburos.

Este transcendental hecho, supone la posibilidad de que la provincia asuma plenamente el manejo y fiscalización de parte de sus recursos gasíferos, aquellos destinados a cubrir sus necesidades de abastecimiento interno, poniendo en valor y haciendo cumplir integralmente el reconocimiento constitucional de la propiedad de sus recursos naturales.

De los fueguinos depende empezar a transitar otro camino, y asegurar un futuro sostenible sin remiendos, parches o subsidios. Esperemos que los representantes que votamos tengan la valentía y la decisión necesarias para defender los recursos naturales que la Constitución de 1994 nos devolvió.