© Dr. Federico Rauch
El gobierno nacional y provincial, a través de las declaraciones y significativos silencios de sus integrantes, como Frigerio, Carrió, Cabrera y Stefani por un lado y Bertone, Colazo Caballero, Blanco y Bilota por el otro, han dejado en claro que quieren “reconvertir” el régimen de promoción fiscal e industrial de Tierra del Fuego.
Luego del resultado de las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 22, es prácticamente un hecho que obtendrán al menos un diputado, sino los dos en juego, como resultado de la efectiva polarización que han logrado imponer, más el masivo uso de recursos públicos en sus campañas.
Están quienes preguntan entonces, como será el futuro de la provincia, y la vigencia de la ley 19.640. Creemos que como consecuencia de nuestra intervención en el proceso electoral, hemos logrado instalar medianamente el problema de que otros decidan el futuro de los fueguinos y a la vez poner en evidencia que desde hace años el régimen ha servido para hacer multimillonarios a unos pocos fuera de la provincia, apropiándose de la mayoría de las exenciones fiscales al consumo y la producción que otorga el actual régimen.
Los equipos técnicos del actual gobierno nacional le han puesto un número a esa apropiación y de esa forma por primera vez, han puesto sobre la mesa política nacional el monto global apropiado anualmente por esos pocos, explicitándolo en el proyecto del presupuesto nacional del próximo año.
Ese monto, si bien no se halla debidamente desglosado, ni se explica como se llega a él, resulta de $ 27.106.000.000,00 (veinte siete mil ciento seis millones de pesos) constituido por la exención al IVA sobre las ventas y compras más la exención a los aranceles de importación e impuestos internos sobre productos electrónicos.
Se puede decir entonces, que en la visión del oficialismo, ese es el monto proyectado para el año 2018 que quedará en los bolsillos de ciertas personas. Representa más de la mitad del monto que reclama la Provincia de Buenos Aires en la Corte Nacional en concepto de coparticipación reducida a esa provincia. Ese es –en la visión oficialista- el tamaño del costo central del actual régimen de promoción fueguino, en términos de los impuestos al consumo exentos.
Ahora bien, como hemos dicho, esos montos no se hallan desglosados. Cabe preguntarse entonces que porcentaje de los 12.784 mil millones de pesos proyectados para el 2018 corresponden a las ventas al Área Aduanera Especial por parte de quienes forman los precios en ese mercado, es decir los 100 exportadores relevantes que ingresan la mayoría del 95% de los bienes y servicios que se consumen en Tierra del Fuego.
Puede afirmarse razonablemente que el monto apropiado por estos exportadores al A.A.E. es del orden de los 10.000 mil millones anuales, en la medida de que venden sus productos al mismo precio o incluso más que en el resto del país, quedándose de esta forma con la exención del IVA, sin trasladarla al importador y en definitiva al consumidor fueguino, verdadero destinatario del incentivo.
Desde el lado industrial, puede afirmarse razonablemente que el selecto club de industriales electrónicos autorizado por el gobierno hasta el 2023, que forman los precios de la electrónica en el país, se quedan solo en concepto de exención al pago del impuesto interno sobre los productos que fabrican con $ 8.310.000.000,00 (ocho mil trescientos diez millones de pesos) anuales, en la medida que no trasladan esa exención al precio del producto a los consumidores nacionales, lo cual explica -solo en parte- que el precio de esos productos sea notablemente superior comparado con otros mercados similares.
Dicho esto, queda claro que las exenciones de los impuestos al consumo y directos (el iva sobre las compras y ventas, así como los impuestos internos, ganancias, aranceles de importación y demás tributos nacionales exentos) respecto de los bienes, actividades y servicios comercializados dentro del mercado fueguino (AAE) representan un porcentaje muy menor, que no llega al % 0,04 del PBI nacional proyectado.
Luego del 22 de octubre y en esas condiciones, el Poder Ejecutivo Nacional podrá, por simple decreto, y sin necesidad de acordarlo con el Congreso Nacional, disponer la reducción gradual o inmediata de todas o parte de las exenciones a la exportación de bienes y servicios al Área Aduanera Especial de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S., pero dejando vigentes dichas exenciones respecto de la comercialización de dichos bienes y servicios dentro de dicho mercado especial.
De esta forma el gobierno nacional por medio de la AFIP, podría recaudar unos 18.000 mil millones de pesos de estos formadores de precios, sin afectar en teoría a los fueguinos, que seguirán exentos respecto de los bienes y actividades que realicen dentro del A.A.E. De esta forma, podría ofrecer una mejora del porcentaje actual de coparticipación a la provincia –es decir a su clase política- con la esperanza que la distribuya en obras y servicios a la población.
El oficialismo nacional y local podrá así afirmar que no derogó el régimen de promoción de Tierra del Fuego, sino que corrigió sus “distorsiones”, reconvirtiéndolo tal como prometieron.
Calculan que el impacto de esta quita a los formadores de precios sobre el nivel de precios en la provincia no será apreciable, pues éstos deberán soportar el pago de los impuestos sin poder trasladarlos de inmediato a los precios, lo que harán de forma gradual (transfiriendo de esta forma el “costo de financiación” a esos sectores), en la medida en que el mercado vaya absorbiendo esas subas.
Barruntan que se dará un proceso similar a las tarifas de servicios públicos, donde dejaron de pagar una parte del precio exigido por las petroleras via “subsidios”, y éstas comenzaron a trasladar dicha parte a las tarifas. De esa forma no preveen grandes conflictos sociales, ni despoblamiento, sino una reconversión gradual y ajustada.
En nuestra opinión ese escenario sería arriesgado pero posible a mediado término, pero le quita a la Argentina la única zona de promoción y desarrollo económico e industrial de la que dispone en el Mercosur, dejando a Brasil como líder indiscutido en materia de incentivo global dentro del Mercado Común del Sur en inversiones, desarrollo industrial y poblamiento, y condena a Tierra del Fuego a un crecimiento vegetativo, una política clientelar y empleo estatal, condicionado a industrias temporales y condicionadas a factores externos, como el costo en dólares de hacer turismo en Tierra del Fuego, pescar, extraer hidrocarburos o proveer logística, bienes y servicios a las bases antárticas.
Nuestro modelo, por el contrario, es restaurar y poner en valor el régimen de promoción, adecuándolo al presente siglo. Para ello, solo es necesario delegar en la provincia las facultades de fiscalización y cumplimiento del régimen, de manera que aquellos exportadores que no trasladen las exenciones fiscales al precio de venta en el A.A.E. paguen fuertes multas y se les puedan quitar temporal o definitivamente dichas exenciones. De esta forma, la AFIP con comunicación de la provincia, podrá cobrar impuestos pero selectivamente y sin derogar los incentivos. De esta forma. se volcaría sobre el mercado interno el valor de transacción anual exento, en la idea oficialista unos 18.000 mil millones anuales, lo que significará una reducción visible del costo del vida y el nivel del precios en la provincia, aumentando el tamaño y la competencia dentro de dicho mercado, e incentivando de esta forma la radicación de nuevos emprendimientos y el empleo que conllevan. La fiscalización del régimen se hará sobre toda la cadena de consumo, incluyendo el tramo local, de forma de asegurar que los beneficios al consumo sean efectivamente percibidos por sus destinatarios, los consumidores residentes.
Una reforma más integral implica la adecuación de la actual ley 19.640, que corrija y fije con claridad los sectores productivos a promover dentro del A.A.E., que estos sectores o rubros no dependen de una patente, autorización o licencia a ser otorgada en Buenos Aires, sino que por el solo cumplimiento de sus condiciones y se delegue en la provincia su fiscalización, con intervención de la afip en órgano que se integrará al efecto.
Existen dos futuros posibles para Tierra del Fuego: Una provincia grande, desarrollada y poblada, que se perfile con el tiempo en el otro gran polo industrial y comercial del Mercosur, o una provincia chica, que exporte sus productos naturales renovables y no renovables y dependa del valor de sus comodities y condiciones externas para su desarrollo y crecimiento.
Los electores fueguinos tuvieron alguna oportunidad para informarse acerca del futuro de su régimen de promoción. Y opinaran acerca de eso el próximo 22 de octubre.
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