QUE EL ÁRBOL NO NOS IMPIDA VER EL BOSQUE

Por el Dr.Federico Rauch

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Comienza el segundo semestre con una provincia en paréntesis (). No existe un rumbo definido ni un plan económico en el gobierno, salvo ajuste económico  a las mayorías con un paquete de leyes que han intentado imponer con un éxito parcial.

El resultado es cero obra pública, salvo la red de agua y cloacal de Ushuaia y Río Grande, una inflación similar o superior a la de los grandes centros urbanos, el sistema educativo destrozado y sin clases desde Enero, el sistema jubilatorio en crisis y sin que se le devuelva los aportes que les fueron sustraídos por camadas de políticos irresponsables y cómplices, listo para ser “armonizado”, léase entregado al régimen general nacional, una tasa de desempleo creciente y preocupante, la industria del turismo en la congeladora, con costos fiscales y económicos elevados, y precios no competitivos con otros destinos, el empleo industrial electrónico, textil y pesquero en jaque en el medio del lobby de intereses entre una docena de empresarios y  funcionarios nacionales, ninguno de los cuales vive ni entiende la realidad de vivir en Tierra del Fuego, un aumento de película de ficción en el precio de los servicios esenciales de los fueguinos, como lo son el gas y la electricidad entre otros, la incertidumbre que ello apareja por la inevitable judicialización de éstos, mientras el gobierno local sigue negociando y entregando prórrogas de concesión a las petroleras que extraen nuestro gas, y participando en porcentajes del precio que fijan por el mismo a través de la carga fiscal que colocan.

A ello se le suma la crisis de consumo y ventas que sufre el resto del comercio minorista y la falta de remisión oportuna y completa de los porcentajes de coparticipación interna acordados entre la provincia y las municipalidades, en el marco de una opacidad total del gobierno en materia contable y financiera, mientras se apresta a endeudar a la provincia muy por encima del 25% permitido por la Constitución provincial con el acuerdo de una mayoría automática legislativa (parte del paquete de leyes del 8 de enero).

Finalmente, la legislatura tal como la ha definido un legislador que la integra, se ha transformado en una escribanía que el Ejecutivo utiliza para legitimar sin debate no consenso alguno con el resto de la sociedad sus políticas de ajuste.

En ese estado de cosas, se dice que en Agosto habrían de “bajar” a la provincia los ministros de Macri, Aguad, Cabrera y Frigerio, para explicar los dichos del segundo, en el marco contenido de los actuales responsables del gobierno.

En ese marco, seguramente sin la presencia de los sectores y dirigencia críticos, se efectuaran promesas genéricas acerca de la continuidad del régimen industrial, identificando a la ley 19.640  como eso: solo un régimen industrial en el que se discute la existencia de 10.000 puestos laborales y una gigantesca renta a una docena de empresarios que la perciben en sus cómodas locaciones en el norte del país.

Todos los medios y dirigentes hablarán de la continuidad del régimen industrial de la 19.640, pero ni una palabra del régimen  de promoción económico fiscal de la ley.

Todos hablarán del decreto de estabilidad fiscal que asegura el régimen industrial hasta el 2023, pero ninguno mencionará que no existe un decreto similar que comprometa siquiera hasta ese año, la vigencia del régimen económico fiscal que ha creado el mercado especial de Tierra del Fuego, único en el país y hermano del mercado especial de Manaos, Brasil en el marco del Mercosur.

Todos hablarán de la necesidad de asegurar los beneficios fiscales a los empresarios industriales miembros del Club 19640, para que éstos prometan mantener los puestos de trabajo existentes en sus plantas, lo cual es necesario, pero nadie saldrá a reclamar la puesta en valor y actualización del régimen de promoción económico y fiscal de la ley, cuyos beneficiarios directos e inmediatos son todos los fueguinos, no solo un grupo de empresarios, incluyendo los mismos trabajadores que éstos emplean en sus plantas fabriles.

No habrá nadie que le explique a estos ministros y al Presidente, que de nada sirve mantener la promoción fiscal a los empresarios industriales, si sus trabajadores deberán pagar ganancias y bienes personales en Tierra del Fuego. Si el resto de los empleados públicos y privados también, si el Estado provincial y municipal también deberá asumir mayores costos por ello. Si en definitiva, se destruye el mercado especial de Tierra del Fuego establecido por la ley 19.640.

No habrá nadie que reclame las herramientas legales al Gobierno Nacional para que la provincia pueda poner en valor nuevamente dicho régimen, eliminando las distorsiones producidas por la apropiación por parte de formadores de precios en dicho mercado, de las exenciones fiscales al consumo que les corresponden a los consumidores, y de ésta manera volver a volcar en el mercado interno especial de Tierra del Fuego, a través de esos consumidores, los enormes recursos apropiados, reduciendo el costo de vida y aumentando el valor real de los salarios e ingresos, tal como es la finalidad de la ley 19.640.

No habrá nadie que diga a los funcionarios nacionales que si no nos dan esas herramientas, mal pueden luego usar el argumento de que esos pocos importadores y formadores de precios se quedan con el costo fiscal del régimen, y que ello es motivo suficiente para derogarlo.

Y ya que estamos, tampoco habrá nadie que le diga al ministro Cabrera, que su Secretario de Industria Etchegoyen tiene en su mesa desde marzo de este año, un pedido pronto despacho para derogar una barrera discriminatoria en favor de las automotrices trasnacionales y en perjuicio de los comerciantes y consumidores fueguinos que les permite a las primeras vender sus vehículos al mismo precio o superior que en el resto del país y apropiarse de todos los beneficios fiscales en el proceso directamente en sus casas matrices.

Que se trata de una simple y obscura disposición administrativa de un Director Nacional dependiente de su cartera y responsabilidad política, que le permite a las terminales e importadores generales de vehículos cazar en el gallinero de los fueguinos con toda comodidad y sin competencia alguna.

Y que solo requiere de 15 minutos y la decisión de levantar esta barrera, para dinamizar y mejorar el mercado especial de Tierra del Fuego, asegurando la libre competencia en condiciones similares, tal como lo viene declamando el Presidente Macri, el ministro Cabrera y su Secretario de Comercio Braun desde el inicio de la gestión.

Que el árbol de la promoción industrial no nos distraiga ni limite nuestros esfuerzos allí. Es todo el bosque de la ley 19.640 el que algunos de afuera buscan talar. La pregunta es si la dirigencia local le dará el hacha para hacerlo.