@DrFRauch
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Entrevista de Néstor Centurión, Director de Radio Provincia y Página 23 el 10/03/2016
El Dr. Federico Rauch lanzó ayer la advertencia por Radio
Provincia de las medidas por venir, que impactarán en los bolsillos del sector
público y privado.
Forman parte del paquete de leyes que aprobó la Legislatura
el 8 de enero pasado y, en comparación, no sería nada el descuento salarial que
hoy mantiene en conflicto a la provincia con los gremios estatales.
“Los muchachos están en la calle pero todavía por una parte
muy chica. Van a tardar mucho en caer y en darse cuenta del tamaño de esto,
porque no es sólo el tema puntual de los recortes del aporte solidario”, dijo
del conjunto de normas que se aprobaron.
“Es un paquete de cuatro leyes donde se arman distintas
cosas, se crea la agencia de recaudación y hay para todos: para el sector
público y para el sector privado. El impuesto inmobiliario es mixto y le pega a
todos por igual, porque un empleado público también puede ser propietario y
tiene que pagar el impuesto de la vivienda”, indicó.
“Básicamente le pega a los contribuyentes, a los que tienen
título de propiedad tanto de autos como de inmuebles. Eso no distingue si se
trata de un autónomo, un empresario, un empleado público o un jubilado. El
jubilado también sufriría un aumento muy importante de lo que se está pagando
por tener una vivienda; aunque después seguramente vendrán las excepciones,
para jubilados o lo que sea, pero serán muy a dedo, con situaciones más o menos
subjetivas”, avizoró.
Ratificó que la reforma fiscal “va a impactar en toda la
población de Tierra del Fuego que pudo adquirir una vivienda, tiene título de
propiedad e incluso si tiene decretos de adjudicación”.
Aumento “muy importante”
El abogado sostuvo, “sobre la base de lo que he leído y lo
que dicen los anexos de las leyes”, que el aumento impositivo tendrá un peso
muy importante sobre los bolsillos.
“Se habla de un revalúo hecho hace dos años por técnicos del
CFI y desconozco su origen y validez. Eso no está en la ley ni en sus anexos,
simplemente se explicitan los números y los resultados de eso. Como
consecuencia, los importes son realmente muy importantes y efectivamente van a
impactar en el sector privado productivo que queda en la isla de una manera
importante”, manifestó.
“A eso hay que sumar la readecuación de los valores de gas y
de agua, y en la ciudad de Ushuaia el plus que se va a querer colocar por el
servicio de cloacas, entre otros factores más; efectivamente es un combo muy
importante que cambia las reglas de juego en la provincia”, sentenció.
Avance sobre municipios
Además, planteó sus objeciones al avance de la provincia
sobre los municipios, al pretender hacerse de parte de la recaudación del
impuesto inmobiliario.
“Una cosa es la base fiscal sobre la cual estos impuestos se
quieren cobrar y otra es quién los debe cobrar. La provincia pretende
apropiarse de la caja de los municipios autónomos. Esto no resiste mucho
análisis y, de hacerse esto, los municipios dejarían de ser lo que son porque
estarían desfinanciados”, aseveró, dado que “no pueden ser autónomos si no
tienen con qué serlo. Y los ingresos genuinos que tienen básicamente provienen
de automotores y del inmobiliario, además de las tasas”.
“En orden porcentual, lo primero es la coparticipación
federal por ahora, pero el hecho de quitarle recursos propios a los municipios,
implica decir que dejan de ser autónomos y pasan a ser absolutamente
dependientes del gobierno provincial”, insistió.
Afirmó que “del punto de vista constitucional, eso es
imposible, porque son recursos que siempre estuvieron asignados a los
municipios. Desde su origen, la historia de los municipios es diametralmente
diferente del resto de las jurisdicciones. Estos municipios no se pueden equiparar
a los 1.250 restantes de la Argentina, porque el origen histórico y político es
distinto. Efectivamente en otras provincias el inmobiliario e incluso el
automotor lo cobran las provincias. La provincia de Buenos Aires sigue cobrando
el impuesto automotor y hace poco (la gobernadora María Eugenia) Vidal propuso
pasar a los municipios los vehículos que tuvieran más de diez años de
antigüedad; es decir que les dejó las sobras. Pero esa es una historia
totalmente distinta de Tierra del Fuego, que nació con la distribución de caja
política e institucional que existe hoy”, reiteró.
“Los municipios tienen como fuente de financiamiento y
recursos propios el inmobiliario, automotores y tasas; y la provincia tiene
ingresos brutos. Ese es el esquema que quedó claramente establecido y son cosas
elementales que no requieren mucho análisis del punto de vista constitucional y
jurídico”, subrayó Rauch.
El “toma y daca”
En una lectura política, consideró que la única forma de
implementar este cambio tributario responde a “toma y daca”, donde “se eleva la
base y se saca mucha más plata de bolsillo de toda la gente, del sector público
y privado, que es propietaria de una casa. Si se sacan cien, los municipios
reciben cuarenta, que era la misma plata del año pasado, y el resto se lo lleva
el gobierno provincial. Básicamente esta es la propuesta y hay que ver cómo le
sirve a la sociedad en su conjunto”, observó, puesto que en este reparto será
el contribuyente quien sostiene el peso.
“Hay que ver si esa es la única forma de resolver el
problema. Claramente hay un déficit y de eso no hay ninguna duda. El tema es si
ese déficit se resuelve metiéndole la mano en el bolsillo a los ya sufridos
contribuyentes. La presión tributaria argentina es una de las más altas del
mundo y en Tierra del Fuego se pretende hacer algo parecido. Son los bolsillos
de la gente los que van a cubrir esa diferencia y no se habla, por ejemplo, de
reducir gastos fiscales; o ver cuántos asesores hay y cuántos cobran salarios
importantes y son de planta política. Se habla exclusivamente de que se
necesita plata y se le va a sacar a la gente”, criticó.
“Es claro que se gasta más de lo que se gana y, al igual que
en una familia, tenemos que entender que no se puede vivir tarjeteando.
Generalmente se vive con lo que uno gana y algún préstamo, pero no muy grande.
Cuando hablamos de déficit fiscal hablamos de que entra menos plata de la que
se gasta”, simplificó.
“Para resolver el problema hay dos formas: o se gasta menos
o se gana más. Muchas veces la solución pasa por ganar más y en el Estado
significa subir los impuestos. La otra forma sería reducir los gastos, para
reducir el déficit”, dijo, una alternativa que quedó fuera de debate.
Jueces y adhesiones
Consultado sobre su visión de los jueces que decidieron no
adherir al llamado “aporte solidario” al IPAUSS, dijo que “la respuesta a los
jueces es la misma del resto. Además tienen un problema puntual porque invocan
la intangibilidad de los salarios del juez, para asegurar que esa persona sea
imparcial. Si el Poder Ejecutivo o el Legislativo pueden toquetearle su
salario, que es de lo único que viven, es obvio que esa persona está en riesgo
importante de ser sometida a presión y dejar de ser imparcial. Ese es el
fundamento constitucional”, repasó.
“Ahora, esa intangibilidad en Tierra del Fuego claramente no
ha dado un resultado concreto. Los poderes judiciales tienen un nivel de
desprestigio extremadamente alto. No están exentos de presiones y nadie dice
que no fallan de acuerdo a las circunstancias del poder político. Este sistema
por sí solo no dio resultado”, concluyó.
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