GOBERNAR A ESPALDAS DE LA GENTE.

(c) Dr. Federico Rauch

Permitida la reproducción completa citando la fuente.

"¡El pueblo quiere saber de qué se trata!" es la demanda que surgió durante una manifestación en la Revolución de Mayo en la Argentina, y que en adelante se utiliza en forma icónica para representar los contextos en que la población reclama transparencia a los actos de gobierno. Eso fue hace 205 años y desde entonces han habido manifestaciones en las calles y plazas argentinas cada vez que la clase política le ha dado la espalda a la gente.

Antes de finalizar el 2016, dijimos que "para no discontinuar sus políticas de legislar entre gallos y medianoche y a espaldas del pueblo, no sería de extrañar que sorprendan este fin de año con otro “paquetito” de leyes sin consenso alguno." (Ver nota Chequeado. Finalizando el primer año.)

Pues bien, así ha ocurrido. Siguiendo el camino de gobernar sin consensos y a espaldas del pueblo, Bertone y Arcando, con la necesaria complicidad del Frente para la Victoria, que en Tierra del Fuego implementa decididamente la reducción del gasto fiscal mediante el emprobrecimiento de las mayorías a través del primer paquete de leyes votado en Enero 2016, y representado por Federico Bilota (cuyo referente es Julio Catalán), Angelina Carrasco (cuyo referente es Manuel Raimbault), Myriam Martinez y Ricardo Furlan, han reiterado la maniobra que le hizo perder un trimestre a la provincia en 2016 y generado la mayor convulsión social de los últimos 25 años.

Con los sufridos y estresados fueguinos tratando de descansar y reponer fuerzas con merecidas vacaciones, el dúo dinámico ha enviado a la Comisión de receso legislativo 16 proyectos de ley, al menos hasta la fecha de esta nota, que denominaremos "segundo paquete" de ajuste.

Esta Comisión, que reemplaza a la Legislatura, pero puede hacer leyes como ella sólo en circunstancias excepcionales, es el Frente para la Victoria, que tiene el control absoluto de ella, gracias a los cuatro legisladores ya mencionados. 

No es éste el momento para tratar el tema, pero baste decir que prácticamente ninguno de esos proyectos cumple con la exigencia constitucional de excepcionalidad suficiente para convocar a una sesión extraordinaria en plena feria de verano. Bertone no lo ha hecho y conforme al art. 97 de la Constitución se requiere la firma de 5 legisladores para convocarla.

En definitiva, es importante señalar que la responsabilidad histórica, institucional y social de este segundo paquete propuesto en receso y sin debate ni consenso alguno, recae cada uno de ellos, pues sin esos cuatro votos de feria mínimos, las propuestas de Bertone y Arcando son letra muerta. 

Ese segundo paquete se compone de un refinamiento en las técnicas para debilitar la participación, la co-decisión, y los mecanismos de control y fiscalización en los asuntos públicos, es decir, para hacerse de herramientas legales que -a su criterio- les permitirán un mayor grado de discrecionalidad en sus decisiones facilitando la reducción sustancial del gasto salarial y previsional, sin disminuir o incluso permitiendo aumentar el gasto político del que se benefician.

En suma, sin un plan económico y fiscal que modifique el curso de decadencia en que se halla la provincia, lo único que se halla garantizado es el gasto suntuario de una reducida clase política decadente y prebendaria.

Examinemos con un cierto detalle este segundo paquetazo de leyes.

ASUNTO 010/2017

MANTENER Y AUMENTAR LA REDUCCIÓN SALARIAL DURANTE 2017

Mediante el mensaje 03/17 ingresado el pasado 20 de Enero, Bertone sin explicación alguna previa que lo justifique, instruye a sus 4 legisladores de feria, a convocar y aprobar en sesión extraordinaria y dentro de los 30 días hábiles una ley que crea una "Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público", que dependerá de ella naturalmente, cuya función según instruye, sería el "estudio, análisis y evaluación de medidas tendientes al establecimiento de una política salarial coordinada y armónica, teniendo como responsabilidad primaria intervenir en todo proyecto de modificación de regímenes que, directa o indirectamente y cualquiera sea su concepto, afecte las remuneraciones, en dinero o en especie, del personal de las jurisdicciones".

A Napoleón se le atribuye la siguiente sentencia: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”. Perón con sentido común, también pensaba así. 

Parece que el Frente para la Victoria, encabezado por Bertone y Arcando, intentan aplicar el principio de la experiencia en su favor para "reducir el gasto fiscal" que le reclama Frigerio y Macri.

Con esta "comisión", las paritarias estatales serían una mera formalidad durante el 2017.

El empleador responsable, representado por Bertone, Arcando y sus legisladores, podrá ocultarse detrás de esa comisión y no habrá un "responsable" directo con el cual concretar y decidir oportunamente en la discusión con los empleados públicos la recomposición de la pérdida de prácticamente la mitad de sus salarios reales durante el 2016 y mucho menos la readecuación de los mismos en función al 1,30% mensual de su depreciación real a partir de Enero 2017.

Naturalmente, el gasto de la clase política que integran será resguardado y actualizado según les parezca, y para reforzar la aprobación del paquete y evitar el molesto inconveniente de una justicia justa, Bertone aclara que sólo irán a la comisión congeladora las "entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley Provincial N° 495 y entidades autárquicas del sector público financiero", lo que en buen romance significa que el Poder Judicial y el Poder Legislativo quedan afuera de este congelamiento.

Esto significa que la reducción salarial sólo es y será para las mayorías, no para los legisladores, sus asesores y empleados, ni para los jueces, ni sus funcionarios y empleados.

En síntesis, habrá negociación paritaria salarial, pero sería solo para cumplir con las formalidades legales, según barruntan.

ASUNTO 009/2017

INGRESADO EL 20/01/20017

GARANTIZAR AL GOBIERNO EL CONTROL REAL DE LA CAJA DE JUBILACIÓN Y LA  OBRA SOCIAL DE SALUD DE SUS TRABAJADORES

  

Para festejar el aniversario del paquete de leyes aprobado el 8 de enero de 2016 entre gallos y medianoche, y cuyo análisis realizáramos en ese mismo mes (https://goo.gl/tclo73), Bertone, Arcando y su bloque legislativo, proponen cambiar lo que aprobaron, ante la contundente derrota electoral que sufrieron en Octubre en la conformación de los Directorios de la nuevas Caja jubilatoria (CPCPTF)  y Obra social de salud (OSPTF).

Como no les gusta perder, y no aceptan un no de sus empleados y jubilados, Bertone, nuevamente sin justificar la urgencia, instruye a sus 4 legisladores de feria a aprobar las reglas de validez de las decisiones de ambos  cuerpos colegiados (los directorios).

Para ello: 

1) Autoriza a (su) Presidente a convocar a sesiones extraordinarias sólo con un (1) día de antelación. (los directores de Río Grande deberán correr, en una provincia que no tiene conexión aérea regular entre sus ciudades).

2) El número de directores necesario para sesionar válidamente y aprobar será, luego de transcurrida una hora de la fijada, la mitad de los directores. Para asegurarse que esto no le juegue en contra, Bertone agrega "salvo que (mi) presidente no esté." Pero si es éste es el que convoca, entonces tiene doble voto si hubiera empate.

Con éstas modificaciones a las reglas de juego democráticas, Bertone y Arcando barruntan que podrían reparar el fracaso electoral que sufrieron a manos de sus trabajadores.

Debe recordarse que ambos organismos son de los empleados estatales y su patrimonio se forma con descuento salarial que aportan y el del empleador que lo traslada al valor final del salario. Pero así como las anteriores clases políticas se apropiaron de esos dineros para atender su gasto político y corriente, la actual da por sentado que también pueden deshacerse de un organismo hoy inútil para esos fines, mediante su traspaso formal o informal al ANSES.

El régimen que buscan implementar parece igual (pero no lo es) al que se utiliza en la Legislatura local, y que es completamente diferente al usado por la Cámara de Diputados de la Nación, donde ninguna ley puede pasar "sin la presencia de la mitad más uno de del número total de Diputados." (art. 14 del Reglamento).

En Fuegolandia, el número de legisladores presentes para habilitar la sesión es cualquiera luego de una hora, pero sólo respecto de los asuntos que cuentan con tratamiento previo en comisión y se hallen en el orden del día. 

En segundo término, esa regla no corre para votar un asunto que sea un proyecto de ley. En ese caso, el Vicegobernador debe levantar la sesión y convocar una nueva para el próximo día hábil oportunidad en la cual la votación pendiente se hará con cualquiera sea el número de Legisladores presentes y la ley que se dicte será válida. (art. 14 del Reglamento Interno fueguino).

Además, dichas sesiones son programadas y convocadas con mucho más que 3 días de antelación, y ni hablar de las extraordinarias, donde se fija un ridículo plazo de un día.

Estas diferencias sustanciales le asegurarían al gobierno facilitar la adopción de decisiones trascendentes, como el destino y uso de los fondos de los empleados y jubilados, e incluso facilitar el traspaso a órganos nacionales, colocando a los empleados y jubilados estatales en una condición de desprotección y debilidad.

Además, las reglas de quórum que se aplican a los legisladores no pueden ser iguales a los empleados y jubilados, pues éstos no cuentan con las inmunidades ni la protección legal de los primeros, y por ende pueden ser objeto de presiones o influencias de un grado o efectividad radicalmente diferente. Y existe una diferencia sustancial entre estar ausente y votar a favor.

Tampoco resulta menor como Bertone discrimina abiertamente a ciertos trabajadores y jubilados de otros.

En efecto, para el Directorio de la Caja jubilatoria general  y su obra social propone el régimen ya detallado, fundado en la necesidad de permitir el funcionamiento de dichos institutos, pero para el Directorio de la Caja policial propone otro distinto y más razonable, a pesar que reduce la participación de 3 a 2 directores: 

Para los trabajadores y jubilados en general:

Vigente:

El quórum se formará con la presencia de la mitad más uno de los miembros del Directorio. Las resoluciones serán válidas por mayoría absoluta de los votos de los presentes, teniendo el presidente, en caso de empate, doble voto.

Proyecto Bertone:

"El  quórum se  formará  con  la  presencia  de  la  mitad  más  uno  de  los  miembros  del  Directorio. Transcurrida una hora de la fijada  para  su  inicio, el quórum quedará formado con  la presencia de la mitad de los miembros del  Directorio, en  tanto uno  de  ellos sea el  Presidente.  Salvo hipótesis legal  que  requiera  mayoría especial  o  agravada,  las  resoluciones serán  válidas  por  mayoría absoluta de votos de los presentes. En caso de empate el Presidente tiene doble voto.". (arts 11 y 13 del proyecto).

Para los trabajadores y jubilados policiales:

Vigente:

El quórum para sesionar se constituye con la participación del Presidente o Vicepresidente y tres (3) Directores. Para las decisiones de largo plazo debe contar con la presencia o el voto de todos los integrantes del Directorio;

Proyecto Bertone:

El quórum para sesionar se constituye con la participación  del Presidente o Vicepresidente en ausencia del aquél, y dos (2) Directores. Para las decisiones de largo plazo, debe contar con la presencia o el voto de todos los integrantes del Directorio; (art. 15 del proyecto).

ASUNTO 011/2017

AJUSTANDO LA CAJA Y EL RÉGIMEN DE JUBILACIÓN DE LA POLICÍA.

Aquí Bertone se siente más necesitada de explicar el ajuste a quienes son los que ponen la cara y el cuerpo en los conflictos sociales que ha generado, como lo prueban las 3 carillas de fundamentos que preceden su proyecto de ley. Les dedica así tres veces más explicaciones que a los restantes trabajadores. Proyecto que, como es habitual en ella, tampoco fue consensuado con las víctimas, tal como expresamente lo indicó el Presidente de la actual Caja.

Los cambios instruidos a los 4 legisladores, no son otra cosa que la alineación y preparación para incluir esta Caja en el traspaso junto con la general a la ANSES, por lo que no es éste el lugar para desarrollarlos. El tema general de la "adecuación" o traspaso se tratará a continuación.

ASUNTO 006/17

EL COMIENZO DEL PROCESO DE DISOLUCIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL FUEGUINO Y SU REEMPLAZO POR EL NACIONAL.

    

En el próximo pasado y oportuno "día de los inocentes", la Dra. Bertone firmó y envió a sus cuatro legisladores para la ratificación, dos convenios que constituyen una solución al vaciamiento del sistema previsional oportunamente creado en la provincia con los descuentos obligatorios en los salarios de los empleados estatales. 

La responsabilidad colectiva y sucesiva de los políticos fueguinos que lo mal administraron quedaría de esta forma olvidada en la maraña de la Historia.

A pesar que la pluma del tecnócrata se esfuerza en ocultarlo al afirmar falsamente que lo que se remite es un convenio, en realidad se remiten dos. Se usa el ardid de las cajitas chinas y se envía otro dentro del primero.

Se trata de dos convenios entre la Provincia y La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que es un Organismo descentralizado que desarrolla sus funciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

En la cláusula primera del primer convenio se comienza confesando que "LA PROVINCIA ha iniciado el proceso de adecuación de su normativa en materia de jubilaciones y pensiones comprendidos en el Régimen de Previsión  Social  para  el  Personal de la Administración  General y Docentes,  a través de  las leyes provinciales N° 1068 y 1076 vigentes, tomando en consideración los regímenes análogos vigentes en la jurisdicción nacional."

Luego Bertone compromete a la Provincia a no derogar o modificar la ley 1076, parte del paquete de leyes que promoviera en la madrugada del 8 de enero del 2016, ni a que se pudieren realizar legislativa o administrativamente "modificaciones normativas de cualquier rango o jerarquía que agraven el déficit del sistema previsional provincial". Este déficit no es otro que el producto del saqueo anterior de los fondos de los trabajadores y su uso para gastos corrientes, políticos, o directamente corrupción.

En concreto obliga a la Provincia (nótese que los trabajadores, dueños de los fondos, son convidados de piedra en esta mesa) a: 

1) Mantener el cómputo del promedio de los últimos 120 meses en el procedimiento para la determinación del haber inicial de las prestaciones. 2) Mantener  la  eliminación  efectuada  a través de la Ley N° 1076 de la compensación de exceso  de años de servicios  con años de edad faltantes,

3) Mantener la edad mínima de acceso a la prestación por edad avanzada fijada en 70 años, 

4) Mantener la eliminación de regímenes que posibilitaban el acceso a prestaciones sin edad  mínima.

5) Mantener el resto de los cambios normativos dispuestos por la Ley N° 1076, 

6) Eliminar la inclusión de sumas no remunerativas en las políticas salariales para el personal de !a Administración Pública  Provincial. (cláusula primera).

En lenguaje sencillo esto opera como un bozal político a los legisladores y los directores presentes y futuros de la actual Caja, que les impediría derogar o modificar un ápice de la normativa que paralizó la provincia por tres meses el año pasado.

Para el caso de desobediencia o intento de autonomía, está la cláusula séptima, que dice que cualquier modificación será afrontada con dinero provincial exclusivamente.

A cambio de mantener el 1º paquete de leyes, la ANSES le entregó a Bertone (no a los trabajadores) OCHENTA MILLONES de pesos ($ 80.000.000) el 31 de diciembre pasado, de forma de asegurarse de que los legisladores se sientan fuertemente obligados a ratificar el acuerdo, so pena de tener que devolver ese dinero. Ese es el primer convenio. El segundo y más relevante a nuestro juicio se encuentra solapado en la cláusula octava que remite a la firma de otro que se adjunta como anexo II.

Se trata del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO  SUR.

Bajo el eufemismo de "intercambio electrónico de datos", y luego de un profuso preámbulo acerca de la importancia del derecho constitucional a la intimidad o privacidad y las razones legales por las cuales ese derecho no corre en la ocasión para los fueguinos en relación al gobierno nacional, Bertone consiente y acuerda la entrega de la totalidad de los siguientes datos de los fueguinos al gobierno nacional: 

1) Datos personales:  Nombre, apellido, tipo y número  de documento, número de CUIL, estado civil, fecha de nacimiento y/o fallecimiento, domicilio y datos de  contacto.

2) Datos  filiatorios:  Composición  del grupo  familiar, nacimiento de hijos, uniones matrimoniales, divorcio, uniones civiles, convivencias registradas en el Registro de Convivencias, reconocimiento de hijo, adopción y fallecimiento que surjan de los Registros Civiles provinciales o de los organismos competentes  provinciales.

3) Titulares y/o beneficiarios de prestaciones de la  seguridad social, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, planes  sociales, de empleo y prestaciones no contributivas.

4) Historia laboral e inscripción como Autónomo o Monotributísta.

5) Afiliación a Obra Social.

6) Alumnos que concurren a instituciones  educativas  de gestión estatal.

7) Cumplimiento de los controles de salud y vacunación.

8) El registro y nómina de los empleados de la Administración Pública Provincial. (Los tres Poderes)

9) El reconocimiento de servicios prestados de los empleados públicos  provinciales.

Todo esto se hará mediante la capacitación, instalación, y equipos de trabajo entre las partes para incorporar el régimen previsional de la Provincia al Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de  Información (SITAC).

Debido al alcance de la información personal, laboral, social y sanitaria individual que se pretende entregar, este acuerdo marco es de dudosa constitucionalidad.

Sin que sea esta la oportunidad para explicarlo, baste decir que el objeto declarado del acuerdo es a) optimizar el diseño de políticas públicas (nacionales) que  mejoren la calidad  de  vida  de las personas y b) proporcionar los elementos  para mejorar los procesos de gestión de las prestaciones de la seguridad social y de los programas que se encuentren bajo la órbita de ANSES.

Pero el artículo 45 de nuestra Constitución prohíbe que esos datos se proporcionen a "un tercero" excepto cuando éste tenga un interés legítimo. 

Y no se vislumbra ningún interés legítimo en la ANSES, salvo que se hiciera cargo parcial o totalmente del régimen previsional fueguino.

En síntesis, los acuerdos con la Nación que se pretenden ratificar en pleno receso del Poder Legislativo local y con cuatro votos del Frente para la Victoria Macrista no son ni más ni menos que la concreción del proceso de traspaso a la Nación del régimen previsional fueguino creado en 1991, sea mediante un acto formal, o de facto mediante el pago total o parcial (como este año) de las prestaciones debidamente adecuadas al régimen nacional. Eso incluye la nueva Caja previsional y la Caja previsional policial.

Naturalmente, al igual que los salarios, quedan afuera de este esquema los futuros regímenes previsionales especiales que se pudieren acordar o crear, destinados a legisladores, magistrados judiciales, gobernadores ect.

ASUNTO 008/17

DESTINANDO EL DINERO EXCEDENTE DE LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD A OTROS FINES.

Por el mensaje 8, Arcando propone la derogación del régimen fueguino de pensiones no contributivas a discapacitados, y su sustitución por un "programa Especial de Complemento Social Provincial para beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez (nacional).

Se trata de una medida complementaria a la adecuación al régimen nacional de la normativa en materia de jubilaciones y pensiones, que se explicó anteriormente. En concreto, lo que Bertone, Arcando y el Frente para la Victoria buscan es que los discapacitados fueguinos deban inscribirse, revalidar y tramitar la pensión por discapacidad nacional en la ANSES que comanda Stefani y luego, una vez otorgada, tramitar y obtener un "complemento social provincial" que al principio sería equivalente a la diferencia entre el haber nacional y el que actualmente perciben de la provincia. Un detalle: el proyecto de ley no dice que se hará con el dinero ahorrado, ni quien lo gastará, ni con cuales fines. Una omisión voluntaria.

Composición de la Comisión de Receso

ASUNTO 016/17

UNA SUPUESTA EMERGENCIA PARA CONTRATAR Y GASTAR DISCRECIONALMENTE

En el mensaje de este proyecto de ley, la Dra. Bertone se extiende en la justificación para pedir una chequera en blanco de los contribuyentes por hasta dos años.

Argumenta que la chequera que recibió en enero del año pasado funcionó y se siente necesitada y cómoda con esa forma de contratar y gastar, a punto tal que no concibe otra más adecuada y por ello propone que se la autorice a seguir así por las 2/3 partes de su mandato. Enarbola la crisis y la emergencia, la baja actividad de la construcción y la necesidad de dinamizarla con suculentos contratos de obra pública suscriptos discrecionalmente, sin seguir los controles y formalidades que las leyes establecen.

La muletilla de la emergencia, la crisis o la herencia recibida es aquí nuevamente utilizada para justificar un gobierno sin controles molestos sobre como se gasta el dinero de los contribuyentes. La otra cara de la moneda es la AREF, la agencia que si le pedirá a los contribuyentes detalladas explicaciones y controles, conforme la revolución tributaria del primer paquete de leyes.

En concreto, Bertone solicita que se la autorice hasta el 31 de enero del 2018 como mínimo, a comprar y contratar bienes y servicios, incluyendo obras públicas de refacción, mantenimiento o nuevas sin licitación pública, por decisión discrecional en adjudicación directa hasta 5 millones por cada contrato o licitación privada hasta 10 millones por cada contrato a las personas o empresas que estime convenientes.

Resulta evidente luego de un año de gestión y frente a este segundo paquetazo de leyes,  que el actual gobierno no sabe gestionar dentro de los mecanismos institucionales democráticos de pesos y contrapesos mínimos de la oposición y necesita poderes extraordinarios y la chequera de los contribuyentes expedita.

ASUNTO 002/17

HAY EMERGENCIA Y DÉFICIT, PERO NO PARA BUSCAR RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Otro indicio de la aparente fundamentación del pedido de chequera en blanco, lo muestra el asunto 002. A pesar del estado de supuesta emergencia y déficit la Dra. Bertone solicita se le apruebe un gasto de 5 millones al Ejército para que éste provea transporte en helicóptero en una búsqueda arqueológica. No cabe ninguna duda que tales actividades científicas son loables y convenientes, pero en el marco de un fuerte déficit fiscal hay que preguntarse cual es el orden de prioridades que Bertone estima conveniente.

ASUNTO 007/17

LA NACIÓN REGALA DOS TERCIOS DEL SISTEMA CLOACAL DE USHUAIA PERO EL GOBIERNO LO COBRA ENTERO A LOS VECINOS.

El 10 de Enero, Arcando solicita al Frente para la Victoria Macrista, la aprobación de un convenio entre la DPOSS comandado por Worman  y el Ministerio del Interior, comandado por Frigerio, en virtud del cual nos enteramos que el segundo dona con cargo a la primera la suma de doscientos veinte millones de pesos, para pagar el 75% de la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales en la ciudad de Ushuaia, lo cual es sin dudas una excelente noticia.

Sin embargo, esta donación no se refleja en los bolsillos de los supuestos beneficiados, es decir los usuarios obligados de un servicio monopólico. Muy por el contrario, y con la justificación de la prestación de este nuevo servicio obligado, se lo factura independientemente y como consecuencia la tarifa de agua y servicio cloacal resulta una de las más altas de Latinoamerica. Su costo para las actividades industriales y comerciales resulta relevante y las vuelve menos competitivas frente a otros destinos turísticos, desalentando la inversión.

ASUNTO 014/17

ACUERDO MARCO PARA "CAPACITACIÓN POLÍTICA" O LO QUE ESO SIGNIFIQUE.

Otro convenio más entre el Ministro del Interior Frigerio y el Vicegobernador Arcando. En virtud del mismo, la Provincia pone el lugar físico y el equipamiento de aula, y la Nación trae los "profesores" y demás recursos humanos para enseñar a los fueguinos "la compresión del nuevo rol del Estado Argentino", de manera de "dotar de herramientas conceptuales  con  el objeto  de dotar a los dirigentes políticos, sociales y de las organizaciones de la sociedad civil de conocimiento científico para un desenvolvimiento político en el marco de la democracia participativa". (SIC).

Este galimatías sin sentido -la política es cualquier cosa menos una ciencia, y no existe tal cosa como conocimiento científico de la política- se parece mucho, pero con otro sabor, a la organización La Cámpora y sus incursiones ideológicas evangelizadoras en escuelas y universidades. Se trata ahora de evangelizar la doctrina macrista? En todo caso, Bertone y Arcando ya han sido evangelizados.

Finalmente, están asuntos como el pedido de Arcando de que se le apruebe "medio día de viático internacional" por haberse trasladado al paso fronterizo San Sebastián (As.001/17), un convenio para que funcionarios promuevan y hagan turismo con Salta (As.015/17), otro "convenio marco" entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Provincia, para justificar gastos en el marco de "actas complementarias" con el difuso objeto de "articular  diversas medidas y acciones que tiendan  a consolidar el valor Justicia como  un  activo  social  que  implica, convoca  y  compromete  a  todos los ciudadanos." bajo un programa llamado "Justo vos" (As.013/17), Un procedimiento administrativo de resolución de conflictos entre distintos órganos del Poder Ejecutivo (As. 012/17), Varios convenios por 2 millones de pesos para escuelas donados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (As. 003/17), y un convenio por 3 millones pagados por el gobierno macrista para que el canal 11 de Ushuaia haga un " un noticiero cultural de  producción conjunta  con la  Red Federal  de  Canales  Públicos  del  Centro Sur  del  país" durante el 2017. (As. 16/17).

Estos son los 16 convenios y leyes que se pretenden aprobar con el Poder Legislativo de vacaciones. Como dijo un legislador de la oposición: La legislatura se ha transformado en la escribanía de Bertone y Arcando.

"El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente" (John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1834-1902).