LA PROVINCIA QUE VIENE

Por el Dr. Federico Rauch @DrFRauch

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Comienza el 2º trimestre del 2016 y nos enfrentamos a un cambio importante de las reglas de juego políticas y económicas, tanto a nivel nacional como provincial.

En nuestra provincia, el fallido intento de imponer una reforma fiscal y previsional  inédita sin los acuerdos sociales necesarios, que en definitiva, intenta que el déficit crónico creado por la clase política provincial, lo paguen las familias fueguinas, a través de descuentos salariales y previsionales en el sector público e incremento de la presión tributaria en el sector privado, ha mellado seriamente la confianza en Rosana Bertone en sus primeros 90 días de mandato como Gobernadora, y colocado a la provincia en un estado de convulsión social como nunca se registró desde su nacimiento.

A medida que los detalles concretos y prácticos que la aplicación de todas las medidas del paquete se van conociendo, y debe destacarse que en lo que hace al sector privado todavía no se ha tomado noción de la envergadura y el impacto que tendrán, la sociedad fueguina empieza a tomar nota de lo que deberá pagar por el costo del despilfarro y la corrupción de haber sido gobernados de manera irresponsable en la “Isla de la Fantasía”.

Pero éste no es el único camino posible. Es claro que estamos a las puertas de un cambio estructural de las reglas de juego que no se advierte en su verdadera dimensión y alcance.

La Provincia no existía cuando el resto de ellas junto con la Nación en 1988 se sentaron en una mesa de negociación para resolver el reparto de los ingresos coparticipables recaudados en sus territorios por la hoy Administración Federal de Ingresos Públicos (afip). Esa negociación, liderada por el Presidente Alfonsín, se plasmó en la ley de coparticipación federal hasta ahora vigente, un tipo de ley que muchos calificamos como semi pétrea o complementaria de la Constitución Nacional.  

La Nación, para el aquel entonces Territorio Nacional de su pertenencia, diseñó un orden económico y geopolítico que se puede resumir en dos medidas trascendentales: 1) El establecimiento simultáneo de dos regímenes de promoción económico e industrial consistentes en la exención de todos los tributos federales coparticipables en dicho Territorio, por un lado, y el cobro directo por parte de las industrias promocionadas de los tributos federales aplicables por la venta de la mercadería  producida por éstas en el resto del país y 2) La coparticipación al ex – Territorio Nacional del 0,70 por ciento del total recaudado por la AFIP en el resto de la República.

Más tarde, en 1991, la Nación creó la Provincia y la autonomía que ello trae aparejado y se formó entonces la clase política provincial que gobernó, dentro del orden económico establecido por esas dos medidas nacionales, es decir dentro de un mercado económico único y diferente en el país.

En síntesis, desde 1991, la administración de los recursos provinciales, los planes económicos, el sistema jubilatorio y de salud estatal, la política de empleo, el nivel de salarios del sector público y privado, es decir, la forma en que se distribuye y gasta el presupuesto provincial, se enmarca principalmente dentro de los límites de estas dos medidas de desarrollo establecidas por la Nación: No aporte a la caja nacional y recibir de ésta el 0,70% mensual.

Han pasado 25 presupuestos o años fiscales y el resultado de las gestiones provinciales han sido un déficit fiscal y de caja creciente y cada vez mayor. Se gasta todo el dinero que la Nación remite, más todos los recursos tributarios locales, incluyendo las regalías por gas y petróleo  y aun así no alcanza.

Por el lado del sector privado, unos pocos jugadores han concentrado la importación y comercialización de mercaderías y servicios, creando verdaderos oligopolios que forman y determinan los precios de los bienes y servicios relevantes en el mercado de la provincia (A.A.E.). De esta manera, se apropian de las exenciones fiscales indirectas que la ley 19.640 destina a los consumidores, con la consecuente elevación del nivel de precios que queda así establecido muy por encima del resto del país.

En este estado de cosas, la Gobernadora Bertone decidió pasar un paquete de leyes fiscales y previsionales sin los consensos previos, que en lo sustancial hace más de lo mismo: No ataca las causas del déficit, y se limita a tratar de imponer una mayor presión fiscal (aumentos de bases imponibles, alícuotas y tasas, y principalmente acompañado de un código fiscal como herramienta futura que asegure la recaudación a como dé lugar);  y cuasi fiscal (descuentos en los salarios de activos y pasivos del sector público, modificación de las condiciones de cobro y jubilación), más los futuros y fuertes aumentos en los servicios públicos esenciales (agua, cloacas y electricidad), todo lo cual en definitiva y por el efecto del traslado del costo fiscal al último de la fila, recaerá sobre las empresas y familias fueguinas.

Pero la búsqueda de fondos, no para allí. Un asesor de Rosana Bertone viajó a San Juan para conocer cómo trabajan los yacimientos a cielo abierto que utilizan cianuro en sus procesos químicos, a pesar que esta actividad está expresamente prohibida por nuestra Constitución y la desastrosa experiencia del derrame de cianuro de Barrick Gold en esa provincia. No obstante Según lo publicado por Infobae, un representante de la Gobernadora se reunió en San Juan con autoridades de la canadiense Yamana Gold para analizar las ventajas de la actividad minera. Ciertamente, no parece la manera de tapar el agujero fiscal.

Sin embargo, y más allá de la convulsión social ocasionada, es necesario mirar más adelante y en el contexto de la política nacional.

El gobierno nacional ha dicho claramente que convocará a las provincias a sentarse a negociar los nuevos términos de la distribución de los ingresos coparticipables que se recaudan en cada una de ellas, salvo en Tierra del Fuego en cuyo territorio no se recauda un centavo.

Es indudable que en esa mesa de negociación habrá de reconsiderarse la situación y conveniencia de estas dos medidas otorgadas en su momento al ex - Territorio Nacional, por un lado las exenciones fiscales de la ley 19.640 y por el otro la entrega del 0,70% de los fondos nacionales.

Habrá de ponerse sobre esa mesa cuestiones como la apropiación de las exenciones fiscales por parte de empresas que las retienen o remiten fuera del mercado de la provincia en directa violación de los fines de la ley 19.640 perjudicando a las empresas y familias de Tierra del Fuego; la falta de entrega al sistema jubilatorio estatal del 16% del salario retenido a los trabajadores estatales y su uso para pagar gastos corrientes, sobreprecios y gastos políticos, porcentaje que en definitiva salió en gran parte de ese 0,70% de los fondos nacionales; el consecuente déficit estructural que tiene el sistema jubilatorio; la circunstancia de que 2.600 jubilados en la provincia, de los cuales una parte no reside más en ella, se llevan el mismo dinero que el que recibe la municipalidad de una ciudad de 350.000 personas para su mantenimiento anual; la circunstancia de que varios centenares de funcionarios estatales perciben salarios de convenio superiores a $ 150.000, y que otro tanto pasa con magistrados judiciales, legisladores y altos cargos políticos de empresas estatales y órganos descentralizados, entre otras situaciones.

Lo importante aquí es recordar que todo este gasto es posible solo por la existencia de las dos medidas señaladas, exención fiscal nacional y su contraparte, ingreso de coparticipación federal.

En cuanto al sub régimen de promoción industrial, los empresarios beneficiados cuentan con un decreto que les garantiza la estabilidad fiscal de las reglas de juego actuales hasta el año 2023. Pero las familias y empresas residentes en la provincia no cuentan con una norma similar respecto del sub régimen de promoción económica. Dicho de otro modo, las exenciones fiscales nacionales pueden ser dejadas sin efecto por la sola decisión del Presidente Macri, pero no así las exenciones fiscales que gozan las empresas con proyecto industrial vigente en la Isla.

Esto significa que si no se pone en valor nuevamente el sub régimen de promoción económica de la ley, mediante un plan económico que incluya la buena disposición del Gobierno Federal, y se llega a la instancia de barajar y dar de vuelta con las restantes provincias, es muy probable que Tierra del Fuego se enfrente a dos opciones: 1) se reduce o resigna el porcentaje de coparticipación federal, o 2) se derogan las exenciones fiscales a los residentes en Tierra del Fuego. Claramente, la segunda opción aparece como más probable, porque no afectaría directamente los ingresos estatales y el “ajuste” lo pagarían los de siempre, es decir todos los demás.

Esto, si bien no significaría el despoblamiento inmediato de la Isla, ciertamente la sometería a una rápida e inexorable decadencia y recesión, cuyas consecuencias en términos de valor y desarrollo no son de caso tratar aquí.

Es que en términos de la propia ley 19.640, “la peculiar situación geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus consecuencias directas en materia de relativo aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad económica y su desarrollo en gran parte mantienen actualidad”, razón fundamental que explica la necesidad de su mantenimiento Y su puesta en valor nuevamente, no solo respecto del sub régimen industrial en directa competencia con su similar en Manaos, Brasil en el marco del arancel común del Mercosur, sino principalmente respecto del sub régimen de promoción económica que es el verdadero motor del desarrollo social fueguino.

Sin embargo, todavía estamos a tiempo y toda crisis puede ser una oportunidad. Es absolutamente necesario poner en marcha una serie de medidas legales, económicas y técnicas en colaboración con la Nación para poner en valor el régimen de promoción económica, de manera que el flujo de caja resultante de las exenciones fiscales nacionales alimente y desarrolle el mercado interno de Tierra del Fuego,  y quite de la mesa de negociación del nuevo pacto de coparticipación, el argumento de que estas exenciones son desviadas a un reducido grupo. Esto, con las medidas técnicas de fiscalización adecuadas, permitirá un descenso sostenido del nivel de precios y del gasto fiscal, acelerando el desarrollo, el empleo y la inversión en Tierra del Fuego.

La baja inicial en la recaudación del impuesto a los ingresos brutos, producto del menor valor relativo de los precios, será ampliamente compensada con el incremento del consumo correlativo.

Piénsese simplemente que el porcentaje de incremento de la presión fiscal del paquete de leyes en crisis es netamente inferior a uno solo de los impuestos federales indirectos cuya exención no llega al Estado provincial, las empresas y las familias fueguinas, como es el I.V.A.

Otro tema a corregir será lo que ocurre con las industrias promocionadas, que no sólo están exentas de la carga fiscal federal por tener domicilio en el Área Aduanera Especial, sino que se apropian –legalmente- de los impuestos internos, IVA y demás tributos aplicables a la comercialización de los productos que exportan al resto del país, y además gozan de altas barreras aduaneras de ingreso para asegurar de que sus productos no sufran competencia, lo cual se traduce como siempre, en precios finales al consumidor iguales o más altos que los mismos productos en el exterior. No obstante ello, su aporte a la economía fueguina se reduce en lo sustancial a salarios y pocos proveedores locales y condicionados a sus niveles de ventas. No hay ningún aporte en términos de infraestructura, barrios, escuelas, comisarias, centros comunitarios, calles, servicios ect. Es decir, la única inversión que efectúan en la provincia de la renta que obtienen, se reduce al mínimo indispensable para producir y vender, minimizando el fondeo de capital y el gasto social en la Isla.

Habrá entonces que establecer los mecanismos legales necesarios -que existen- para equilibrar salarios, jubilaciones y prestaciones desproporcionadas o privilegiadas sin afectar a la inmensa mayoría de trabajadores que ganan un salario digno y acorde a la realidad insular de Tierra del Fuego. Los que se esconden detrás de esa mayoría mientras reclaman irrestricto respecto a sus derechos, deben saber que ningún derecho individual es absoluto y en todo caso debe ser compatibilizado con el del resto de la sociedad, y cuando se trata del dinero de todos, evitar privilegios injustos a costa del déficit general.

También deberá garantizarse por ley -y con severas penas- que la retención del aporte jubilatorio de los trabajadores sea transferido automáticamente por el Banco de la Provincia a la Caja de Jubilaciones sin posibilidad alguna de que responsables del gobierno provincial o las municipalidades puedan –como lo han hecho en el pasado- apropiarse de estos dineros para otros fines.

La implementación de las llamadas “Agencias Recaudatorias” además de su rol antidemocrático, han resultado un verdadero fracaso, como lo demuestra el estado de la mayor provincia del país, donde la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) secuestra vehículos, embarga cuentas, inhibe gente, detiene personas en medio de verdaderos shows mediáticos desde su creación, y hoy basta recorrerla para constatar el grado de pobreza, inundaciones por falta de inversión en infraestructura, escuelas destruidas, hospitales desarmados y una absoluta falta de seguridad donde campea el narcotráfico y la trata de personas. Claramente esa agencia no ha servido para sacar al pueblo de ese estado, sino a otros fines. Es con “agencias” como ARBA y otras que sujetos como Lazaro Baéz, Cristobal Lopez, Federico Elazkar, Ricardo Jaime y tantos otros han saqueado el país  impunemente frente y con la colaboración de sus máximos responsables, como Echegaray,  mientras el ciudadano de a pie es detenido en una ruta camino a sus vacaciones con la amenaza de que si no lleva todos sus “papeles” le confiscaran el vehículo. Es que el Poder corrompe, y el Poder absoluto, corrompe absolutamente.  

Una política tributaria transparente, equitativa, progresiva y con respeto a quienes pagan los impuestos, sin “agencias recaudatorias” o normas antidemocráticas como marca la Constitución, requiere que el aporte deba ser sufragado en proporción por los sectores que mayor renta obtienen, es decir quienes explotan y comercializan los ingentes recursos naturales de la provincia, como el gas, el petróleo, los minerales y la pesca, un ítem que no se ha trabajado adecuadamente. Todo esto es posible con sintonía legal fina, controles y mediciones efectivos. Asimismo, la derogación de normas regulatorias provinciales y municipales que traban la iniciativa privada de los pequeños y medianos emprendedores, y el restablecimiento de la confianza pública en la Justicia, que garantice seguridad y previsibilidad jurídica son también parte indispensable de las medidas necesarias para encarar con algún grado de éxito el futuro del destino de la Provincia.

En síntesis, estas líneas simplemente quieren mostrar que existen caminos alternativos al ajuste impuesto, y que esos caminos, en esta coyuntura, no pueden limitarse solo a apagar el incendio, sino simultáneamente a resolver  el futuro estructural de la sociedad fueguina de cara a la próxima negociación como provincia en la mesa nacional. Si de urgencias y gobernabilidad se trata, es mejor el litigio judicial con unos pocos que el incendio con los demás, porque se debe gobernar para todos los fueguinos. El déficit fiscal existe y debe cesar, no es posible refinanciar la tarjeta eternamente. Pero no es entregando a los hijos la forma de hacerlo. Habiendo otros caminos, es un acto de fortaleza y gobernabilidad tomarlos. 

Es necesario que todos los sectores públicos y privados y principalmente la Dra. Bertone pues es quien detenta el poder, se sienten a repensar como seguir en los próximos años, para que Tierra del Fuego deje de ser inviable. De lo contrario, la Historia de nuestra Provincia la escribirá la Nación y las restantes provincias, no nosotros. Y lo harán pronto.