LA DESREGULACIÓN ECONÓMICA SIN COMPETENCIA ES CAMBIAR DE PATRÓN
El Presidente Javier Milei ha dictado un decreto de necesidad y urgencia con cientos de variadas disposiciones, todas ellas con el declarado propósito de eliminar barreras, peajes y regulaciones que obligan a las mayorías a pedir permiso para hacer o dejar de hacer la mayoría de las cosas que la vida moderna nos exige para tener una calidad de vida digna.
La libertad de elegir sin que un funcionario o sindicalista nos limite o nos imponga de manera directa o indirecta es sin ninguna duda uno de los pilares centrales de nuestra Constitución. Su máxima expresión se encuentra en el art. 19 de ella, cuando dispone que "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe."Para resaltar y reforzar esta idea central de libertad de los ciudadanos, de manera de no dejar ninguna posibilidad de duda sobre el sistema de gobierno republicano basado en la soberanía de un pueblo libre (insisto, libre), la Constitución reitera y aclara que "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio." (art. 28) y que "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno." (art. 33).
Ahora bien, como se observa, nuestro modo de gobierno, es decir la Constitución no efectúa ningún distingo acerca de quien o quienes pueden ser los que los responsables de quitar la libertad de elegir. Condena y prohíbe que ello ocurra.
En ese sentido las medidas de desregulación adoptadas en el DNU son bienvenidas en la medida de que puedan devolver a las mayorías el derecho a elegir y decidir sobre el proyecto de vida de cada uno, con el sólo límite de no impedir o cercenar el proyecto de otro.
Pero para que esas medidas cumplan con ese loable propósito es decir devolverle la libertad de elección al pueblo, dentro de un sistema económico de mercado, sin un Estado "presente" es necesario que también abarquen y garanticen la existencia de una razonable libertad de elección en dicho mercado, creando y asegurando la libre competencia.
Para ello, el Estado, en una función tan esencial para cumplir con el modo de gobierno y las garantías señaladas en la Constitución debe también simultáneamente dictar las medidas necesarias y oportunas que limiten, desalienten o compensen la existencia de oligopolios y monopolios en el mercado que efectivamente impidan o restringan la libertad de elección que se quiso recuperar.
En efecto, de nada sirve eliminar regulaciones y restricciones para que luego el consumidor no tenga posibilidad de elegir, pues el precio y la existencia de los productos -en especial los esenciales- son fijados por uno o dos jugadores del mercado, los llamados formadores de precios.
Eso es lo que efectivamente falta en el DNU de Javier Milei. Es como un trabajo inconcluso a la vista de nuestra Constitución. Digamos que se hizo la mitad, se corrió a miles de funcionarios y privados que restringen y encarecen con el peaje obligado la elección, el precio y la calidad de lo que se consume, lo cual incide directa y finalmente sobre la calidad de vida de los argentinos, deteriorándola y empobreciéndola, pero falta la otra mitad es decir las disposiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas legales ya vigentes que tienden a impedir que unos pocos formadores de la existencia y el precio de los productos y/o servicios que consumen las mayorías, se apropien o restringan de la libertad de elección sobre los mismos, sea mediante la restricción de la oferta, sea mediante el precio que fijen.
Es cierto que existen en el decreto disposiciones orientadas a permitir la libre importación de bienes y servicios provenientes de otros mercados, pero no menos cierto es que no se dispone ninguna reducción de porcentajes en concepto de aranceles (impuestos) por tales importaciones con lo cual la posibilidad de disciplinar a esos formadores de precios se vé seriamente comprometida. El resultado podría ser y posiblemente lo sea sino se cumple integralmente con la Constitución, que finalmente la libertad que se recupera del Estado, se pierda a manos de unos pocos que regulan y se reparten el mercado.
En síntesis, para nuestra Constitución, la libertad de elección y proyecto de vida de cada uno no puede ser coartada ni regulada por el Estado, pero tampoco por unos pocos que ante a ausencia de una libre y verdadera competencia, hacen lo que quieren con las mayorías.
Pongamos como ejemplo la salud. La libre fijación de los precios dentro de una escala de hasta 3 veces según la edad de los afiliados por parte de los prestadores de salud públicos o privados en un marco donde no existe un mercado competitivo, pues 2 o tres de ellos poseen una escala y tienen juntos el 80% de los contratos de afiliados, supone en los hechos, no solo mantener atrapados a los mayores con la empresa con la cual contrataron cuando eran jóvenes, sino incluso dejarlos fuera de la cobertura en muchos casos por imposibilidad de pago y sin alternativas para poder elegir otra opción. Con los alimentos pasa algo similar, en la medida en que actualmente en nuestro país, unas pocas empresas concentran y forman los precios de la mayoría de ellos.
En síntesis, la desregulación no es completa sino se desregula también el mercado, asegurando una efectiva y libre competencia en la oferta y precio de los productos.
Hasta aquí nuestra opinión acerca de lo actuado hasta ahora por el actual gobierno nacional. Capítulo aparte merece el futuro de nuestra provincia sen el marco de la posible derogación del régimen general de la ley 19.640, que venimos advirtiendo desde hace varios años y será motivo de reflexión en otra nota.
